Como parte de un acuerdo con la fiscalía federal , un ex militar venezolano que ha pedido asilo político en Estados Unidos admitió el viernes que conspiró para comprar y exportar motores de aviones militares, misiles, antenas para radares y otros materiales bélicos al régimen de Caracas.

Freddy Argüelles, residente de Pembroke Pines, se declaró culpable ante un juez federal en Fort Lauderdale de un cargo de conspirar para violar la prohibición a las ventas de armas impuesta contra el país sudamericano.

Argüelles, un ex piloto militar de 37 años, está cooperando con las autoridades con la esperanza de recibir una sentencia leve. Es el tercero de cuatro hombres acusados en la conspiración que se han declarado culpables en recientes semanas. El cuarto se declarará culpable el lunes, según documentos judiciales.

Las acusaciones indican que éstos representan sólo una parte de un grupo de personas involucradas en la venta de materiales militares a Venezuela que están siendo investigados por las autoridades.

Entre enero del 2009 y febrero del 2010, Argüelles conspiró junto a otro ex militar venezolano, Alberto Pichardo, para comprar componentes para aviones y helicópteros militares a fin de venderlos a las Fuerzas Armadas en Venezuela. Pichardo, de 40 años, trabajaba para una oficina venezolana en Doral especializada en adquisiciones militares.

Agentes federales documentaron su participaron en varias reuniones además de intercambios telefónicos y correos electrónicos donde detallaban sus planes para adquirir municiones y otros componentes para aviones F-16, VF-5, OV-10 Broncos, Tucanos, y helicópteros Super Puma.

En agosto del 2010, durante un interrogatorio con agentes del Buró de Investigaciones Federales (FBI), se le preguntó a Argüelles por qué había pedido asilo político en Estados Unidos cuando después iba tratar de vender armas a Venezuela.

“Todo era por el dinero”, respondió Argüelles, según una transcripción del interrogatorio que Mulvihill leyó durante la audiencia del viernes.

Argüelles permanece libre bajo una fianza de $100,000. Será sentenciado en octubre.

Su abogado, Martin Raskin, dijo que Arguelles “está arrepentido de sus acciones y ha trabajado junto con el gobierno para ayudar prevenir otras violaciones del embargo contra Venezuela”.

La semana pasada, Alberto Pichardo se declaró culpable de un cargo de conspiración y dos cargos de violar la ley Control de las Exportaciones de Armamento. La medida, que entró en vigencia en el 2006, prohíbe a todo fabricante de armamentos en el mundo que venda equipos militares a Venezuela si éstos tienen componentes con tecnología estadounidense.

Los cargos de conspirar para violar esta ley conllevan una condena máxima de cinco años en la prisión y una multa de $250,000. Mientras tanto, violaciones de la ley conllevan una pena máxima de 10 años y una multa de $1 millón.

Pichardo será sentenciado en septiembre.

El jueves, Kirk Drellich, un empresario en Davie con un negocio de venta y compra de componentes para aviones, admitió su parte en la conspiración. Entre noviembre del 2008 y agosto del 2010, Drellich negoció con personas en la Florida, España y Venezuela para comprar y vender componentes para aviones militares al país suramericano. No sabía algunas de las personas con quien negociaba eran agentes encubiertos y fuentes de las autoridades.

Drellich , de 49 años, se ha declarado culpable de un cargo de conspiración y será sentenciado en septiembre. La cuarta persona acusada en la conspiración es Victor Brown, de 55 años, quien también está cooperando con las autoridades y se espera se declare culpable en su comparecencia ante la corte el lunes.

La prohibición a la venta de armamentos a Venezuela se dio en medio del marcado deterioro de las relaciones entre los dos países bajo el gobierno de Hugo Chávez. Dejó al gobierno de Caracas sin manera de conseguir los insumos y los repuestos de gran parte de su parque bélico, que previamente había sido adquirido a Estados Unidos.

La medida fue tomada por la administración de George W. Bush luego de que Venezuela fuese incluida en la lista de “países de preocupación” en el marco de sus estrechas relaciones con Cuba e Irán. Afectó no sólo la venta de unidades estadounidenses, sino también de equipos de otros países que tuviesen algún tipo de componente del país norteamericano.