SANTA CRUZ -- El Parlamento de la región boliviana Santa Cruz (este) comenzó el viernes a analizar el pedido de un fiscal para suspender al gobernador local, última autoridad de oposición en el país, un proceso que según sus adherentes está alentado por el oficialismo.

La Asamblea Departamental, una instancia legislativa y deliberativa de jurisdicción regional, recibió el pedido del fiscal Isabelino Gómez de destitución de Rubén Costas y remitió el caso a una comisión de constitución que elevará informe en un plazo de 15 días, constató un periodista de la AFP.

Costas es acusado por el fiscal Gómez y el oficialismo de supuestamente malversar 1,4 millones de dólares para organizar en 2008 una consulta popular para dotarse de un modelo de gobierno administrativo autónomo del poder Ejecutivo del izquierdista Evo Morales.

El poder central dijo que ese referendo buscaba separar de Bolivia a Santa Cruz, la región más próspera del país y cuyas élites políticas y empresariales son opositoras al mandatario indígena.

“Este es un proceso inconstitucional, político, al margen de las leyes”, afirmó Rosse Mary Sandóval, asambleísta de la agrupación Verdes del gobernador Costas, quien dijo que el fiscal Gómez “no ha presentado las pruebas que sustenten la acusación”.

Además, dijo que el pedido de suspensión se sustenta en una ley de autonomías, aprobada en 2011 por el oficialismo, que según sus detractores sólo se usa para destituir a gobernadores y alcaldes contrarios a Morales, de varias ciudades y regiones del país.

“Corresponde que se considere el pedido de suspensión (del gobernador Costas), de acuerdo a ley. Debe proceder la suspensión formal”, aseguró el asambleísta del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Vedia, quien protestó que el caso no se resuelva en las sesiones públicas y pase a la comisión de constitución.

La oposición ha señalado que el gobierno utilizó la justicia para destituir con la simple acusación y sin juicio a autoridades electas por voto popular, como los gobernadores derechistas de Tarija (sur), Mario Cossío (asilado en Paraguay) y de Beni, Ernesto Suárez.

Otros alcaldes, como de las ciudades de Potosí (sur) y Sucre, siguieron la misma ruta de la destitución, mientras los juicios no concluyen.