Mientras el equipo de trabajo del gobernador para reformar los hogares de vida asistida (ALF) se acerca al capítulo final de su labor, la brecha entre los dueños de los problemáticos hogares y los defensores de los ancianos se agranda a causa de sus diferencias y de la desconfianza entre ellos.

El Equipo de Trabajo de Vida Asistida, cuyos miembros fueran designados el año pasado por el gobernador Rick Scott, se reunieron por segunda vez el viernes para debatir decenas de recomendaciones para mejorar las vidas de ancianos y discapacitados en ALFs de todo el estado.

Pero el grupo, que incluye más del doble de dueños que abogados de los ancianos, rechazó o pospuso casi todas las medidas que no le convenían a la industria.

Una propuesta para ayudar a reformar el sistema proponía impedir a los administradores que hubieran perdido anteriormente una licencia por casos graves de abuso o muerte que regresaran al negocio.

Pero el representante estatal Matt Hudson, republicano de Naples, calificó la propuesta de “excepcionalmente onerosa o severa” para los miembros de la industria. Otro legislador del panel, el senador republicano de Hialeah René García, dijo que la idea era “demasiado onerosa”.

“Estamos a merced de cualquier empleado, estemos o no en el edificio”, dijo Brian Robare, dueño del ALF Villa at Carpenters en Lakely.

Al final, los miembros del panel acordaron posponer la discusión, y los defensores de los residentes de los ALF dijeron más tarde que habían pospuesto la votación porque sabían que tenían las de perder.

“Estoy profundamente convencida de que mi deber en este grupo es proteger a los individuos que han prestado servicio en estas instituciones con licencia”, dijo Martha Lenderman, consultora de encierro psiquiátrico involuntario, tratando de convencer a los miembros de que no pospusieran la votación.

La división tiene lugar apenas un año después de que The Miami Herald expusiera terribles condiciones en ALFs — incluyendo docenas de muertes por abuso y negligencia — provocando la clausura de más de 13 instalaciones y la imposición por parte del estado de sus penalidades más severas sobre otras tres docenas.

La mayor parte de la reunión — la segunda de tres desde que Scott continuara el equipo de trabajo del año pasado — estuvo lastrada por desacuerdos entre los representantes de la industria y los activistas sobre cuánta responsabilidad deben asumir dueños y administradores por la seguridad de sus residentes.

Charles Paulk, de la Asociación de Residentes de Hogares de la Florida, dijo que los administradores eran responsables en última instancia de las condiciones en sus hogares, estén o no en los mismos.

“He visto en mis visitas a estas comunidades que los administradores a menudo estaban ausentes y no tenían a una persona calificada que los reemplazara. El administrador siempre debe ser considerado responsable, y la manera en que él lidia con un incidente debe modificar la severidad de la sanción que se le imponga como resultado”.

Robare respondió: “Nunca he dicho que no se debe responsabilizar a los administradores. Somos responsables de todo lo que suceda en nuestro edificio. Pero hay ciertas cosas que, seamos responsables o no, no podemos controlar”.