BOGOTA -- La ex senadora Piedad Córdoba, quien instó a indígenas a resistir a la fuerza pública y dijo que se debería buscar “tumbar” al presidente de la República, aseguró el sábado que responderá políticamente y ante cualquier eventual proceso judicial por esas declaraciones.

“Deseo manifestar que estoy dispuesta a aclarar mi responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi responsabilidad moral con Colombia”, dijo Córdoba, una influyente figura entre sectores de izquierda y activistas, conocida por haber intervenido en la liberación de secuestrados

Las declaraciones son “legítimas”, “justificadas” y un ejercicio del “derecho a la protesta, a la opinión, a la desobediencia civil”, agregó la ex senadora en una declaración de tres páginas y divulgadas a la prensa en un correo electrónico.

El miércoles por la noche medios locales divulgaron un video de 2.27 minutos en los que se ve a Córdoba hablar ante campesinos e indígenas en la localidad de Miranda, en el departamento de Cauca, al suroeste del país.

Esa región ha sido en semanas recientes una de las más agitadas por reclamos indígenas para que la fuerza pública y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salgan de sus territorios porque dicen estar cansados de quedar en medios de los combates de los bandos. Por ello expulsaron a un grupo de soldados a empellones la semana pasada de un puesto y detuvieron a cuatro presuntos rebeldes a quienes castigaron después dándoles 30 latigazos y los entregaron a sus familias.

Córdoba dijo que la reunión en Miranda fue hace un mes.

“Uno no puede llegar a la casa del presidente y decirle le voy a montar una base militar aquí sin preguntarle siquiera… Le decimos al gobierno de una vez que vamos a resistir hasta lo que sea necesario y que vamos a acompañar a la comunidad, y que vamos a hacer la toma y que la presencia de la gente continúe hasta que tengan que llamar a la gente a llegar a un acuerdo”, se escucha decir a Córdoba en el video.

“Nosotros vamos a recoger firmas para revocarle el mandato a los congresistas e inclusive deberíamos tumbar hasta el presidente de la República…No son frases (que digo) para que la gente simplemente nos siga la corriente, sino que nos tenemos que organizar”, aseguró.

El gobierno, a través del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sólo ha indicado que el caso de una posible investigación penal lo debe decidir la Fiscalía.

Córdoba, miembro del Partido Liberal que forma parte de la coalición de gobierno, es conocida por sus fuertes declaraciones y que en el pasado la han llevado a polémicas parecidas por pedir, por ejemplo, en actos públicos que los países rompan relaciones diplomáticas con Colombia porque el país tenía en el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) una administración “paramilitar” y “mafiosa”.

La dirección liberal regañó entonces a Córdoba por considerar que una cosa eran sus posturas sobre el presidente y otra el Estado colombiano. Esta semana el liberalismo volvió a regañar a la ex congresista y en un comunicado le pidió detener su “apología a la violencia”. El liberalismo no ha mencionado la posibilidad de separación de Córdoba del partido.

En septiembre de 2010 la Procuraduría –que en Colombia es una instancia que puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y ex funcionarios– destituyó a Córdoba de su escaño senatorial alegando que sus contactos con las rebeldes FARC entre 2007 y 2010 fueron más allá de gestiones para la liberación de secuestrados y discutió asuntos como “estrategias” para la defensa de encarcelados líderes rebeldes, financiación externa de las guerrillas, entre otros, acusaciones que Córdoba ha negado.

Entre 2008 y hasta inicios de este año las FARC han liberado y entregado a Córdoba a casi 30 retenidos como políticos, militares y policías, algunos de los cuales estuvieron más de una década de cautiverio.