Por años – en realidad por décadas – los dueños de viviendas en Miami-Dade han estado evadiendo los impuestos a la propiedad al reclamar ilegalmente exenciones como propietarios, usualmente con impunidad.

Hay personas como Joseph y Sheron Barnes, quienes de acuerdo con los registros del condado rentaron una casa en el 1132 NE 84th Street y la declararon como su residencia permanente.

Y hay otros como los herederos de Willadean Allen, quienes según los registros dejaron su lucrativo estatus como dueños de vivienda en su casa en la 8605 SW 56th St. por 17 años después que ella murió, lo que les ha evitado ahorrarse pagos de impuestos año tras año.

Y otros lo han hecho de forma doble, como María Eugenia Escagedo, también conocida como María Fleites, quien según los registros reclamó la exención de propietaria en la 13180 Old Cutler Rd. y también en una segunda vivienda.

Pero en estos días, el arriesgarse a ser atrapado es una locura.

La exención de ser dueño de vivienda se ha convertido en un asunto caliente en Miami-Dade y se lleva a cabo una dura persecución con todas las indicaciones de que se hará más difícil para los que evadan los impuestos para evitar la detección.

El precio de ser atrapado: hasta 10 años de impuestos atrasados no pagados, más una penalidad de 50 por ciento y 15 por ciento de interés anual. La mayor cuenta este año: $403,329.70 en la propiedad de los Barnes.

Desde enero, seis detectives de la Oficina de Delitos Económicos del Departamento de Policía de Miami-Dade han estado trabajando para elevar el poder de 15 investigadores en la Oficina del Tasador de la Propiedad para detectar a los violadores. Eso es un aumento de los dos detectives de la policía que había en el 2011 para hacer frente a unas 3,500 quejas (en la actualidad alrededor de 2,166) que típicamente vienen de informaciones de los vecinos, esposos separados y otros.

En mayo, Pedro J. Garcia, el tasador de la propiedad de Miami-Dade, dio a conocer un nuevo contrato para software y servicios para analizar los reclamos sospechosos entre las 440,000 propiedades que piden la exención.

Sólo en julio, el tasador de la propiedad, armado con herramientas más inteligentes, presentó $11 millones en embargos preventivos en casos de solicitudes de exenciones. Esto se compara con los $8 millones presentados durante todo el 2011.

Lo que provoca el mayor escrutinio: el dinero, por supuesto.

Cortos de ingresos, grupos de interés en el condado, el distrito escolar y las ciudades piden medidas de cumplimiento más estrictas en las reglas de exención como propietarios, con la esperanza de traer entradas para salvar a los trabajos y programas públicos amenazados por los recortes de presupuestos.

Al mismo tiempo, el nuevo uso de herramientas de búsqueda y procesamiento de datos para examinar los registros de la propiedad con un grupo de datos que van desde las muertes, los matrimonios y los registros de votantes, a las placas de los autos y las facturas del agua mantienen la promesa de capturar en masa a los sospechosos, generando más y mejores pistas que las informaciones anónimas que han detectado muchos casos en el pasado.

La incursión del tasador de la propiedad en la investigación de alta tecnología vino después que Jim DiBernardo, un mayor retirado de la policía que estaba al frente de la Oficina de Delitos Económicos, comenzó a presionar el otoño pasado para que el condado se volviera proactivo contra lo que asegura eran amplias violaciones que costaban quizás cientos de millones de dólares en ingresos por impuestos que se perdían.