El silencio terminó por derribar la estatua de bronce del gran Joe Paterno, entrenador de fútbol americano por 42 años de la Universidad de Pensilvania (Penn State), uno de los programas deportivos más prestigiosos de EEUU. Su error fue encubrir a su entrenador auxiliar, Jerry Sandusky, quien abusó sexualmente de una docena de niños y estudiantes en los últimos 14 años, hasta en las duchas de los camarines universitarios.

Paterno y otras autoridades sabían de las desviaciones de Sandusky, pero prefirieron silenciar los casos a defender a las víctimas, con la idea de evitar el desprestigio para la universidad. Por suerte, la complicidad con la que las autoridades mezclaron inmoralidad con criminalidad y triunfos deportivos con abusos sexuales, no quedó en la impunidad.

La justicia está a punto de condenar a Sandusky hasta con 373 años de prisión; a Paterno, ya fallecido, le retiraron sus honores y el bronce; mientras que la Asociación Nacional de Deportes Universitarios penalizó a Penn State con 60 millones de multa y, entre otras sanciones, le revocó sus títulos obtenidos entre 1998 y 2011, y le restringió su sistema de becas deportivas.

Todo esto no quedó exento de polémica. Muchos fanáticos antepusieron la gloria deportiva a la integridad personal, exonerando a Paterno socialmente. Sin embargo, su conducta demuestra que el silencio sobre un acto criminal, moral y legalmente, equipara la responsabilidad del cómplice a la del autor del hecho.

Para quienes objetan el degrado de Paterno, es importante observar la suerte que corrió esta semana el obispo estadounidense William Lynn, por una conducta similar. Lynn no cometió un crimen, pero fue cómplice de encubrir a varios sacerdotes abusadores de menores, condenándosele a seis años de prisión. “El guardián de los secretos”, como lo llamó una fiscal, no solo dejó de denunciar a los curas pederastas ante la justicia, sino que ni siquiera apartó a los pedófilos de sus labores con otros jóvenes, incentivando a que sigan cometiendo más crímenes.

Pero la complicidad no solo está en el silencio, sino también en la omisión, como quedó demostrado tras la matanza del 20 de julio en un cine de Aurora, en los suburbios de Denver, Colorado, durante el estreno de la última película de Batman. Aunque algunos hayan acusado a Hollywood, a los videojuegos y a los medios de comunicación por apología de la violencia –lo que requiere un análisis por separado– en realidad este tipo de balaceras, así como las anteriores en la escuela Columbine o en la Universidad Virginia Tech, están más relacionadas a la permisividad con la que cualquiera puede comprar y portar armas, incluso, de asalto y alto calibre.

El tema no es fácil; polariza y divide. Al contrario de lo que indicaría el sentido común –menos armas, menos violencia– la venta de armas va en aumento después de la masacre de Aurora, tanto en Colorado como en otros estados. Se trata de una tendencia en los últimos años, quizás, por el temor a ser víctima de algún tarado, por la proliferación de leyes para la defensa propia que se inspiran en la garantía constitucional sobre tenencia de armas y por temor de que se apliquen restricciones y controles para su venta.

La historia muestra que un panorama restrictivo es difícil que se imponga o si se logra, pronto se relaja. La causa directa es la poderosa Asociación Nacional del Rifle. Mueve millones de dólares en cabilderos en las escalinatas del Congreso y en las campañas presidenciales, con los que suele maniatar cualquier intento de control que busquen tanto republicanos como demócratas.

La discusión sobre armas y controles incomoda a los políticos, muchos temen que sus posiciones les hagan perder capital electoral. El presidente Barack Obama y su contrincante para las elecciones de noviembre, Mitt Romney, dieron sus condolencias a los familiares de las víctimas de Aurora, pero evadieron hablar de planes específicos sobre compraventa y porte de armas de fuego.

Sin embargo, aunque no se comprometan ni quieran asumir riesgos, al menos deberían motivar un debate nacional que sigue débil e inconcluso. En honor a las 12 víctimas y las decenas de heridos de Aurora, no pueden quedarse en silencio o ser cómplices por omisión.