Sao Paulo -- Las violentas disputas sobre territorios indígenas han ido en aumento en Brasil en los últimos años, generando una mayor militancia de parte de tribus preocupadas por un descenso en los registros de tierras que realiza el gobierno en esas zonas.

Un reciente informe del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), citado por el diario Folha de Sao Paulo este domingo, indica que el número de conflictos en varios estados pasó de 82 en el 2006 a 99 el año pasado.

Los aborígenes brasileños luchan para proteger sus tierras ricas en recursos de invasiones por parte de hacendados, buscadores de oro ilegales y leñadores.

En este enorme país, el 1 por ciento de sus 191 millones de habitantes controla el 46% de las tierras cultivables.

La tensión es particularmente elevada en la norteña zona de la Amazonia, donde el gobierno federal construye la enorme represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú.

Grupos de iracundos activistas indígenas a menudo ocupan el lugar de construcción y ocasionalmente toman rehenes en protesta de lo que consideran promesas rotas de compensaciones.

El informe de Cimi también subraya una caída en la homologación de los territorios indígenas por parte del gobierno, de 145 durante el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 79 bajo el del Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010) a solo tres el año pasado bajo el gobierno de Dilma Rousseff.

Folha cita a Rinaldo Arruda, un profesor de antropología en la Universidad Católica PUC-SP, que dice haber detectado un “giro conservador” en la política del gobierno de Rousseff, que tiene que lidiar con el poderoso bloque pro agroindustrial en el Congreso.

Los militantes indígenas, incluyendo integrantes de las tribus Xicrin, Juruna, Arara, Aweti, Assurini y Parakanawa, amenazan con nuevas ocupaciones en predios del consorcio público Norte Energia, encargado del proyecto Belo Monte.

Norte Energia insiste en que honrará los compromisos de compensación firmados con los nativos, pero el jefe aborigen Giliard Juruna afirma “no creemos lo que dicen”, según lo cita el diario.

Belo Monte, la tercer mayor represa del mundo con una capacidad instalada de 11.200 megawatts, es uno de los varios proyectos hidroeléctricos en Brasil para suministrar energía limpia a una economía de rápido crecimiento.

Los grupos indígenas temen que la represa dañe su forma de vida, mientras que los ambientalistas advierten de la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y los daños irreparables al ecosistema.

El gobierno federal planea invertir un total de 1.200 millones de dólares para asistir a los desplazados para el momento en que la represa esté terminada, en 2019.

En el estado de Mato Grosso do Sul (centro-oeste), los indígenas Kadiweus ocupan desde mayo 23 establecimientos ubicados en tierras que reclaman, mientras que en el vecino Mato Grosso, los nativos aún esperan que los hacendados cumplan con un fallo judicial para evacuar las tierras de Maraiwatsede.

En ambos casos, los hacendados alegaron errores en la demarcación de las tierras en disputa.

El pasado 19 de julio, la ONG Survival International instó a las autoridades brasileñas a acabar con la impunidad en torno a los asesinatos de indígenas, tras destacar la captura de 18 presuntos responsables del homicidio de un jefe indio guaraní en Mato Grosso do Sul en noviembre del año pasado.

Survival International dijo que entre los sospechosos detenidos estaba “el propietario de una conocida empresa de seguridad” que ofrece los servicios de hombres armados para patrullar tierras ocupadas por hacendados.

Según Cimi, en 2011 fueron asesinados 51 indígenas en todo Brasil, 32 de ellos en Mato Grosso do Sul.

Los indígenas representan menos del 1% de la población de Brasil, y ocupan 12% del territorio del país, fundamentalmente en la región de la Amazonia.