MADRID -- El gobierno conservador español del Partido Popular (PP) provocó la reacción de un conjunto de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres al declarar su intención de prohibir la interrupción del embarazo en los casos de malformación del feto.

Unas 100 personas participaron en una manifestación celebrada en la plaza madrileña de Tirso de Molina este domingo para protestar contra la reforma propuesta, argumentando que llevará a España de vuelta a los tiempos de la dictadura Franquista.

La multitud, integrada mayoritariamente por mujeres, lanzaban consignas como “Nosotras parimos, nosotras decidimos” o “Ni un paso atrás”.

“Nos parece que es un retroceso a la época de la dictadura franquista y no estamos dispuestas de ninguna forma a consentir medidas que nos quitan nuestros derechos”, explicó Justa Montero, miembro de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso, una de las asociaciones organizadoras de la protesta.

El gobierno confirmó el viernes su intención de modificar en el próximo curso político la ley aprobada en 2010, durante la etapa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.

La actual legislación autoriza también la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas en caso de “riesgo para la vida y la salud” de la madre o “graves malformaciones del feto” y sin límite de tiempo, tras la autorización de un comité médico, en los casos más graves.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó en una entrevista publicada por el diario conservador La Razón el pasado 22 de julio no entender que “se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación”.

Según una encuesta publicada este domingo por el diario progresista El País, el 81% de los españoles se muestra contrario a la prohibición del aborto en caso de malformación del feto.

Entre las personas que rechazan esta medida, 65% aseguraron haber votado al PP en las elecciones generales del año pasado y 64% se definieron como católicos practicantes.

Para Montero esta propuesta “manifesta una preocupación que luego no se acompaña con otras medidas. Que haga estas declaraciones al mismo tiempo que el gobierno está quitando todas las ayudas para servicios de atención a personas con dependencia y niños y niñas con malformaciones”.

Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ICAI) y uno de los padres de la ley del aborto de 2010, dijo que “el ministro ocupa el territorio de la ultraderecha en el PP, nacional-católica, que puede ser minoritaria pero muy poderosa económicamente, como por ejemplo el Opus Dei”, una organización católica muy implantada en las altas esferas político-económicas de España.

Las asociaciones contrarias al aborto aplaudieron la medida anunciada por el ministro.

Gador Joya, portavoz de la asociación Derecho a Vivir, dijo que prohibir el aborto por malformación del feto “no es suficiente porque hay casi otro 97% de abortos que se producen en España acogiéndose a lo que nosotros creemos que es un falso supuesto”.

Antes de la reforma de 2010, las mujeres podían abortar únicamente en casos de violación, de deformidad severa del feto o cuando la salud mental o física de la madre estaba en peligro.

En su gran mayoría, los 115,000 abortos llevados a cabo en 2009, un año antes de la reforma, se practicaron en clínicas privadas y se justificaron por el “riesgo psicológico” que el embarazo planteaba para la mujer.