Buenos Aires -- Las supuestas irregularidades en un contrato para obras en el canal Martín García, que administran Argentina y Uruguay, motivaron nuevas tensiones entre ambos países, alimentadas por acusaciones cruzadas y sospechas de sobornos para favorecer a una compañía holandesa.

El litigio, que escaló en los últimos días, será abordado por los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica, respectivamente, quienes coincidirán este martes en la cumbre del Mercosur que se celebrará en Brasilia para oficializar el ingreso de Venezuela al bloque.

“Voy a hablar con Cristina, pero todavía no sé cuando”, anticipó este domingo Mujica, quien espera “conversar directamente” para evitar nuevos intercambios de comunicados entre ambos países.

“No es saludable que los cancilleres estén contestándose por medio de la prensa”, afirmó el mandatario uruguayo en declaraciones exclusivas que publica hoy el diario La República.

La última nota oficial fue divulgada hoy por la Cancillería argentina, que dijo no haber “logrado la colaboración” de Uruguay para hallar a los responsables de las supuestas irregularidades en el contrato de la holandesa Riovía para obras en el canal, en el fronterizo Río de La Plata.

El Gobierno de Fernández advirtió además sobre la existencia de “una campaña mediática en Uruguay” centrada en “supuestos intentos de sobornos” al embajador uruguayo Francisco Bustillo, miembro de la Comisión Administradora del Río del Plata (CARP), para favorecer a Riovía.

“Los días pasan, el escándalo crece y el silencio de Bustillo es más que llamativo”, sostuvo el Gobierno de Argentina, que aseguró que Uruguay solicitó en diciembre de 2010 “analizar la contratación directa de Riovía para el dragado y profundización del canal”, postura “que reiteró en una reunión de marzo de 2011”, indicó.

De esta manera, Argentina buscó desligarse del contenido de un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas de Uruguay, que sostiene que el Gobierno de Fernández demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de unos 15 millones de dólares con la firma holandesa para obras de dragado, detallaron medios locales.

El informe analizó la actuación de la CARP, integrada por funcionarios de ambos países, en torno al contrato de Riovía, después de que la oposición uruguaya denunciara que miembros del organismo recibieron un ofrecimiento de soborno de un millón de dólares para apoyar en el proceso de licitación a la compañía holandesa.

Mientras, este lunes está prevista la apertura de sobres del concurso público para las obras del canal, proceso del que Argentina resolvió finalmente excluir a Riovía, que desde hace dos décadas draga el canal.

Sin embargo, Uruguay rechazó dejar afuera a la empresa holandesa del acto de apertura de sobres, que el Gobierno argentino mantiene bajo un estricto hermetismo.

El canciller uruguayo, Luis Almagro, envió el viernes una escueta carta a su par argentino, Héctor Timerman, en la advirtió que “los efectos jurídicos y económicos” de la decisión de excluir a Riovía serán “de exclusiva responsabilidad de su parte”.

Argentina también dispuso suspender “nuevas actuaciones relativas” al canal hasta tanto Uruguay “se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas” sobre el contrato, pero el país vecino también rechazó esa decisión.

Además de las advertencias, las sospechas deslizadas por ambos países también alimentaron la controversia.

De hecho, la Cancillería argentina indicó que “si el Gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al embajador Bustillo y Riovía, podría empezar a preguntarse por qué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la licitación internacional para la profundización del canal aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima”.

“De haber ocurrido (ese soborno), lo fue dos años antes y ni el embajador Bustillo ni el canciller Almagro jamás se refirieron” al mismo, añadió la nota oficial.

Esta no es la primera vez que los conflictos ensombrecen la relación bilateral. En 2010, ambos países superaron uno de sus mayores litigios a raíz de la instalación de una planta de celulosa de la finlandesa UPM (exBotnia) en la población uruguaya de Fray Bentos.

La controversia fue solucionada con un acuerdo para el control de la planta y el análisis conjunto de las aguas del cauce, en cuyo margen se ubica la fábrica. EFE

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