SAN JOSE -- Agricultores, empleados de telecomunicaciones y comunidades que reclaman mejoras en el sistema de salud protagonizan esta semana en Costa Rica protestas contra el gobierno de Laura Chinchilla, agobiado por escándalos y casos de corrupción, y con la popularidad en picada.

Ataviados con sombreros y gorras, miles de agricultores tomaron las calles de San José para demandar al Congreso una reforma que reduzca sustancialmente el impuesto territorial, que consideran excesivo y ruinoso para las pequeñas empresas agrícolas, una demanda que el Poder Ejecutivo ha terminado apoyando bajo presión.

Procedentes de distintas regiones, los agricultores se concentraron en el Parque Central de la capital, donde incluso apostaron alguna maquinaria de trabajo. “Sin agricultores comeremos y beberemos viento”, rezaba una pancarta.

El lunes, trabajadores del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y miembros de varias cooperativas desfilaron en la capital para pedir a Chinchilla que retire del Congreso iniciativas que buscan la apertura del mercado eléctrico, actualmente un monopolio estatal.

La comunidad de Grecia, 43 km al norte, se manifestó ese mismo día masivamente para exigir mejoras en el hospital local, que administra la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La crisis financiera de esta institución, emblemática del modelo de seguridad social de Costa Rica, ha sido uno de los dolores de cabeza para la mandataria en sus dos años de gobierno, y ahora los sindicatos anuncian una inminente huelga.

En medio de la agitación social, un nuevo escándalo sacude al gobierno, a raíz del despido de la viceministra de Cultura, Karina Bolaños, quien el lunes apareció en un video íntimo subido al sitio Youtube presuntamente por un chantajista.

Tras difundirse el video, Chinchilla la despidió de inmediato, pero el acto se revirtió inmediatamente en su contra, generando una verdadera avalancha de críticas.

La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, dijo que es “absolutamente reprochable” que un acto delictivo (robo y difusión de un video privado) “haya sido tomado en cuenta por la presidenta para separar de su cargo a una buena funcionaria”.

“Nos sentimos maltratados en nuestros derechos e intimidad, y con mucha más razón las mujeres nos sentimos ofendidas”, dijo Taitelbaum, del mismo partido que la gobernante.

El ex candidato presidencial y dirigente opositor Ottón Solís opinó que la reacción de Chinchilla “revela estándares éticos totalmente distorsionados y destructivos para la gobernabilidad”, sobre todo cuando la mandataria “protege” a altos funcionarios involucrados en graves actos de corrupción.

Chinchilla recibió fuertes ataques por mantener en su gabinete al ministro de Educación, Leonardo Garnier, quien concedió un contrato millonario de consultorías a la empresa de un compañero de gabinete, el ahora ex ministro de Hacienda Fernando Herrero, y de su esposa, la ex asesora presidencial Flor Isabel Rodríguez.

Tanto Herrero como el vicepresidente Luis Liberman han sido criticados por otorgar cartas de recomendación a la empresa de la pareja para que obtuviera un contrato con la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Una encuesta publicada el lunes reveló que la popularidad de la mandataria ha tocado más que fondo, y que un 75% de los costarricenses considera que su gobierno es corrupto.

Uno de los factores que más inciden en esta percepción, según reconoció el propio gobierno, es el reciente escándalo por el masivo desvío de fondos públicos destinados a la construcción de una carretera paralela a la frontera con Nicaragua, que el gobierno definió como un proyecto vital para defender la soberanía del país.