Venezuela siguió rehusándose a cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo en el 2011, dijo el martes del Departamento de Estado en un informe que resalta los estrechos vínculos entre el gobierno de Hugo Chávez con Irán, la organización separatista vasca ETA y las narcoguerrillas colombianas.

Según el informe anual, el gobierno bolivariano protege a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a que estos elementos subversivos empleaban el refugio brindado “para descansar, reagruparse, extorsionar y secuestrar a venezolanos con el fin de financiar sus operaciones”.

La incursión de la guerrilla en el país petrolero se produce pese a las promesas formuladas por Chávez de que su gobierno no permitiría la presencia en suelo venezolano de cuerpos, armados o no, que estuvieran fuera de la ley.

El informe admitió que Caracas dio algunas muestras en el 2011 de que ya no es tan tolerante de la presencia de la guerrilla en su territorio como en el pasado, con la captura de cinco integrantes de las FARC y el ELN, y la deportación de cuatro de ellos.

Pero la evaluación también resaltó que Chávez ha ignorado la decisión del Departamento del Tesoro de incluir a cuatro funcionarios del gobierno venezolano en la lista de sanciones elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que congela las cuentas bancarias de aquellas personas vinculadas al terrorismo o al narcotráfico.

Estos funcionarios -que incluyen al actual Ministro de Defensa, Henry Rangel Silva y al jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército, Clíver Alcalá- siguen ocupando altas posiciones.

Los estrechos vínculos entre el gobierno de Chávez y la guerrilla colombiana quedaron ampliamente documentados con la información recabada en las computadoras del abatido líder de las FARC, Raúl Reyes.

Entre los cientos de miles de correos electrónicos oficiales de las FARC capturados hay detalles sobre promesas formuladas por Chávez para financiar a la organización, en una ocasión con al menos $300 millones, y para suministrarles armamento a ser empleado contra el Ejército colombiano.

Otro de los documentos capturados detalla el pedido hecho por funcionarios venezolanos a las FARC para que asesinara a opositores de Chávez y que entrenaran a milicianos progubernamentales en técnicas de guerrilla urbana.

El informe del Departamento de Estado, por otro lado, destacó que Venezuela coopera económica, financiera y diplomáticamente con Irán, al tiempo que mantiene acuerdos militares “limitados” con el mismo.

Evidencia de éstos es la presencia en Venezuela del Banco Internacional de Desarrollo, una filial del Banco de Desarrollo y Exportación de Irán, que “continúa sus operaciones” allí pese a estar en la lista negra del Departamento del Tesoro por el respaldo al programa nuclear iraní.

El soporte brindado por Chávez a Irán obligó al Departamento de Estado a actuar el año pasado, imponiendo sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), al violar las sanciones impuestas a Irán por su programa de desarrollo nuclear.