LA PAZ -- La exculpación del ex ministro del Interior de Bolivia, Sacha Llorenti, en el caso de una violenta represión policial a indígenas contrarios a un proyecto vial en la Amazonia, levantó este miércoles una ola de protestas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.

Llorenti “no puede deslindar responsabilidades en estos sucesos”, protestó el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien dijo a periodistas que el Estado y la justicia “tienen la obligación de investigar y sancionar” una dura acción policial que pretendió dispersar una protesta indígena, en septiembre de 2011.

En su condición de titular del Interior, Llorenti era entonces responsable de la Policía boliviana, aunque ante ese incidente —ocurrido en la localidad de Chaparina (norte)— alegó que se había roto la cadena de mando y, por tanto, se eximió de responsabilidades.

El proceso judicial se focalizó entonces hacia el general Oscar Muñoz, quien está con detención domiciliaria, y el ex viceministro de Interior, Marcos Farfán. Ambos han negado los cargos y alegado inocencia.

La fiscal de La Paz, Betty Yañiquez, activó las protestas cuando dijo a la prensa local: “Tengo conocimiento que se rechazó la denuncia” contra Sacha Llorenti, al igual que los cargos contra indígenas por haber tomado rehén al canciller David Choquehuanca, como afirmó entonces el gobierno.

El líder del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, se dijo extrañado por el caso. “Significa que ahora nadie es responsable, ni nadie dio la orden para la intervención policial a la octava marcha indígena en 2011”, protestó.

El Movimiento Sin Miedo (MSM, centroizquierda), principal fuerza política opositora, anunció la impugnación de la resolución judicial en favor de Llorenti.

“Lo que en derecho corresponde es que se impugnen las resoluciones emitidas por la comisión de fiscales”, manifestó la abogada del MSM, Aida Camacho.

Los indígenas amazónicos caminaron dos veces, en 2011 y 2012, durante dos meses unos 600 km desde la Amazonia, en rechazo a una carretera asfaltada que el gobierno de Evo Morales insiste en construir a través del territorio ecológico TIPNIS, de 1 millón de hectáreas.