Tras una semana de especulaciones sobre una investigación fiscal por fraude electoral en Hialeah, la mujer acusada de ser una “boletera” se entregó a las autoridades el jueves por la mañana.

Horas más tarde, la fiscal Katherine Fernández-Rundle anunció que su oficina se separará del caso tras recibir información de que una persona que “ayuda” en su propia campaña para la reelección podría estar vinculada a los hechos.

“Estoy tomando esta acción para evitar cualquier posibilidad de que mi pendiente elección cause algún tipo de distracción para el enjuiciamiento de este caso”, dijo Fernández-Rundle, quien no reveló el nombre de la persona aludida.

Mientras tanto, Deisy Pentón de Cabrera, de 56 años, fue liberada luego de pagar una fianza de $6,000. Está acusada formalmente de un cargo grave por falsificar una boleta ajena y dos cargos menores por poseer decenas de boletas ausentes en contra de una ordenanza condal.

También el jueves, una votante reveló que a pesar de que depositó su boleta ausente en el buzón de su casa, de alguna manera ésta terminó en manos de Cabrera. Es un delito federal robar el correo.

“Yo llené mi boleta. Yo firmé mi boleta. Yo la puse en el buzón”, dijo Bernarda Sosa, una viuda de 90 años. “No sé lo que pasó”.

Sosa es una de 31 votantes de Hialeah cuyas boletas ausentes han estado en el centro de un escándalo que ha estremecido la política local desde que las autoridades descubrieran a Cabrera la semana pasada.

La investigación empezó el 23 de julio cuando el detective privado Joe Carrillo entregó evidencia contra Cabrera a la Unidad de Corrupción Pública del Departamento de Policía de Miami Dade.

Los detalles del operativo policial salieron a la luz dos días después, cuando Cabrera fue detenida en Hialeah con 12 boletas en sus manos a una cuadra de una de las tres oficinas de la campaña para la reelección del alcalde condal Carlos Giménez.

A lo largo de dos días, Cabrera fue vista por detectives cuando entraba a la oficina de Giménez, cuya candidatura promovía desde hace semanas.

Las autoridades no presentaron cargos inmediatamente, lo cual provocó una ola de críticas contra Fernández-Rundle y Giménez por un aparente conflicto de interés. Ambos emplean al mismo consultor político, Al Lorenzo, en sus campañas para la reelección.

No está claro si Lorenzo es la razón por la cual Fernández-Rundle renunció a investigar el caso y pidió que el gobernador Rick Scott lo reasignara a otra fiscalía. Desde el martes Lorenzo no ha respondido a las llamadas de El Nuevo Herald.

Fuentes familiarizadas con el caso indicaron que a Cabrera se le incautó una libreta con los nombres de otros boleteros y las personas que les pagaban.

Por su parte, Giménez aplaudió el arresto de Cabrera.

“Debe servir como ejemplo a aquellos que deliberadamente violan el proceso electoral”, dijo en un comunicado de prensa. “Nuestra democracia no debe ser manipulada y aquellos que deciden hacerlo deben ser procesados con todo el rigor de la ley”.

El caso había levantado una nube de sospechas sobre la campaña de Giménez, quien ha criticado el empleo de los llamados “boleteros”. Giménez ha negado repetidamente que Cabrera trabajara para su campaña y pidió que los miembros de su equipo y consultores políticos firmaran declaraciones juradas indicando que jamás la habían contratado.