Buenos Aires -- El gobierno argentino pidió a Uruguay que suspenda la inmunidad de un diplomático de ese país involucrado en una controversia bilateral por supuestas irregularidades en un contrato para obras en el canal Martín García, de administración compartida, confirmaron hoy fuentes oficiales.

El gobierno argentino solicitó además a las autoridades uruguayas que hagan lugar al exhorto judicial enviado por Argentina para que el diplomático Francisco Bustillo pueda declarar en una causa por supuestos sobornos para favorecer a la empresa holandesa Riovía en el contrato para el dragado y profundización del canal situado en el Río de La Plata, dijeron los portavoces.

La Administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández, requirió al país vecino que suspenda la inmunidad diplomática de Bustillo para que sea investigado en una causa por presuntas irregularidades en la importación de autos extranjeros.

“El juez interviniente comprobó la participación del embajador Bustillo como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al embajador Bustillo”, indicó un comunicado de la cancillería argentina.

Según Buenos Aires, “el 3 de marzo del 2007 el embajador Bustillo solicitó dos franquicias para importar sin impuestos dos automóviles porsche 911 valuados en $98,000 cada uno, en clara contravención” a las normas diplomáticas, mientras que “tres años antes habían ingresado al país dos franquicias de vehículos BMW M3 y BMW X5”, tratándose de “cuatro autos cuyos diseños distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático”.

“Llama la atención que la razón esgrimida por el Gobierno uruguayo (para mantener la inmunidad diplomática) sea, casualmente, que el embajador Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata (CARP)”, que administra el canal Martín García, indicó la cartera a cargo del canciller Héctor Timerman.

El litigio escaló luego de que la oposición uruguaya denunciara en mayo que fue ofrecida una coima de un millón de dólares a funcionarios de la CARP para apoyar en el proceso de licitación a Riovía, que desde hace varios años draga el canal.

A partir de las denuncias, el Tribunal de Cuentas de Uruguay realizó un informe de auditoría que sostiene que el Gobierno de Fernández demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de unos $15 millones con la firma holandesa, detallaron medios locales.

Ahora, el Gobierno uruguayo dejó trascender que enviará toda la documentación a la Justicia de su país, añadió el comunicado argentino.

Además, recordó que Uruguay recibió el pasado 4 de julio un exhorto de la Justicia argentina que solicita la comparecencia del embajador Bustillo para declarar sobre las informaciones de prensa que “lo involucran” en supuestos intentos de Riovía de “corromper” el proceso de dragado y profundización del canal.

Frente a la controversia, Argentina resolvió excluir de la licitación a Riovía, decisión rechazada por Uruguay.

El pasado lunes, las belgas Dredging International y Jan de Nul y las holandesas Van Oord Dredging Marine Contractors y Boskalis International (Riovía) presentaron sus ofertas en el concurso de precios para obras de mantenimiento del dragado, señalización y administración del canal.

“Será una contribución importante para concluir cualquier demora que Uruguay conteste el exhorto de la justicia argentina y, además, se permita a la Corte Suprema argentina juzgar el accionar del embajador Bustillo en la causa por contrabando en la que se encuentra involucrado”, subrayó la Cancillería.

“La actitud de la República del Uruguay contrasta con la actitud de las repúblicas de Bolivia y Congo que ordenó a sus diplomáticos a someterse a la justicia argentina en la misma causa” por presuntas irregularidades en la importación de autos, advirtió.