Los jóvenes discutieron y uno de ellos regresó a la discoteca en la ciudad venezolana de Valencia para resolver con una pistola lo que había quedado inconcluso con las acaloradas palabras. Presionando el gatillo repetidas veces, acabó con una vida e hirió a otras seis personas, una de las cuales quedó postrada para siempre en una silla de ruedas.

Las pruebas y testimonios mostraban que era un claro caso de homicidio intencional, dijo Jesús Durán, el fiscal que lo investigó. El victimario, Angel Oliveros, persiguió a su víctima fuera del local esa noche de marzo del 2001 con la intención de matarlo, disparando dentro del lujoso centro comercial sin importarle la presencia de aterrorizados transeúntes que nada tenían que ver con el pleito por una transacción de droga mal llevada.

No obstante, el joven terminó siendo acusado de otra cosa. “Había mucha presión para que yo dijera que era homicidio culposo”, comentó el ex fiscal en una entrevista. “Culposo quiere decir, desde el punto de vista jurídico, que el arma se disparó sola. Pero no podía alegar ese tipo de cosas porque había testigos, había familiares. Había un escándalo de los medios de comunicación con ese caso”.

Nada de eso importó para quienes ejercían las presiones desde la sede de la Fiscalía General de la República. Oliveros, cuyo padre estaba muy bien conectado al proceso revolucionario del presidente Hugo Chávez, estaba por encima de la justicia. Durán, quien se resistió a cumplir la orden, fue destituido de su cargo.

El testimonio es solo uno de los numerosos casos que muestran la fragilidad de las cortes venezolanas, donde los jueces y los fiscales obedecen, o se ven obligados a obedecer, las órdenes directas impartidas del poder ejecutivo, en una clara evidencia de que la autonomía del poder judicial es un mito.

En abril pasado, el ex magistrado Eladio Aponte Aponte hizo declaraciones similares poco después de que se viera obligado a huir del país para escapar del sistema judicial que él presidía, tras ser acusado de estar vinculado con el narcotráfico.

Aponte, quien hoy en día se encuentra en Estados Unidos colaborando con las autoridades de este país, declaró que Chávez es la máxima autoridad legal de Venezuela y que su vicepresidente, Elías Jaua, administra la justicia con base en la conveniencia del régimen, en conclaves que realiza semanalmente en su despacho con funcionarios de alto perfil.

“La justicia es una plastilina […] porque se puede modelar, a favor o en contra”, declaró Aponte en una entrevista transmitida por el canal de televisión Soitv. “La orden viene de la Presidencia para abajo. No caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente”.

Durán coincidió en que la justicia no es ciega en Venezuela, país donde los jueces y los fiscales son presionados por las autoridades del gobierno para que actúen en su favor, y en aquellos casos donde el gobierno no tiene un particular interés, son frecuentemente seducidos por sobornos por parte de abogados defensores para que emitan resoluciones que los favorezcan.

En el caso del homicidio en la discoteca, Durán dijo que su oficina recibió al menos cinco llamadas telefónicas desde Caracas por parte del Director del Proceso Penal, quien en ese momento era el segundo cargo de importancia dentro de la Fiscalía General de la República, para informarle que debía modificar los cargos del acusado.