La dirigente de la asociación de esposas de policías bolivianos, Guadalupe Cárdenas, que lideró un motín de agentes de rangos bajos en junio pasado, fue detenida el miércoles acusada de bloquear el ingreso al edificio del Comando Departamental de La Paz.

En un contacto telefónico desde una celda policial en La Paz, Cárdenas explicó que la detuvieron cuando ella y otras mujeres hacían huelga de hambre en las puertas del Comando Departamental para reclamar por un supuesto incumplimiento del acuerdo que puso fin a una semana de movilizaciones de los agentes.

“Me acusan de impedir el trabajo continuo de la Policía y el libre tránsito de quienes trabajan en el Comando. … Pero ellos son los que cerraron las puertas con candado por dentro”, afirmó.

En cambio, el comandante departamental de la Policía, coronel Rosalío Alvarez, sostuvo que Cárdenas fue detenida “en flagrancia” en la puerta del comando “por alterar el orden y obstruir el paso a policías y civiles” a ese edificio.

Los agentes amotinados controlaron con sus protestas durante una semana la plaza Murillo, donde están el Palacio, el Parlamento y la Cancillería, en reclamo de una mejora de salarios y otras demandas, y fueron acusados de golpistas por el presidente Evo Morales.

Las autoridades negociaron entonces con ellos y se comprometieron a aumentar el salario mínimo de más de 30,000 policías de bajo rango en $14 mensuales y duplicar una asignación de víveres, de tal forma que el agente peor pagado reciba $295, incluida una paga mensual extra de $57.

También acordaron la creación de una Defensoría del Policía, reconocer la jubilación con el 100 por ciento del salario, revisar una ley disciplinaria que, según los agentes, no les permite defenderse y que no haya represalias contra los líderes del motín.

Según Cárdenas, el acuerdo no se está cumpliendo, pues se decidió cambiar de destino a varios policías en represalia por las protestas, lo que fue negado por el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

La dirigente, que comparecerá hoy jueves ante un juez cautelar, también acusó al ministerio de Gobierno de ordenar dar de baja a su hijo de la Escuela de Policías.