Un delincuente profesional que puso en situaciones embarazosas las campañas del alcalde y la fiscal estatal de Miami-Dade podría haber estafado a uno de los principales consultores políticos en miles de dólares en sellos postales falsificados, según las autoridades y registros de la corte.

Gerardo Judas “Jerry” Ramos, que opera un negocio de correo directo, se declaró culpable en el 2009 de falsificar con su computadora portátil más de $2,000 en franqueos postales por los cuales pasó la cuenta a la compañía del consultor Al Lorenzo por supuestos envíos de felicitaciones de cumpleaños, dijeron las autoridades.

Como parte del ardid, Ramos hizo creer a Lorenzo y su compañía, Quantum Results, que las felicitaciones de cumpleaños habían sido enviadas en nombre de políticos locales a los electorados de éstos en el período del 2006-07.

Ramos “estaba haciendo unos cuantos miles de dólares despojando a su jefe y despojando al servicio de correos, porque los franqueos eran falsos”, dijo el miércoles a The Miami Herald el inspector de correos Bladismir Rojo, el agente federal a cargo del caso.

“Los políticos no tenían idea de que (Ramos) estaba involucrado en este fraude”, agregó.

Lorenzo perdió el miércoles por la noche su puesto de consultor del alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, por no revelar a éste el extenso historial delictivo de Ramos, una semana antes de las elecciones del martes. Por su parte, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, mantuvo a Lorenzo en su campaña, pero le dijo que se deshiciera de Ramos.

Ramos, de 47 años, no pudo ser contactado para hacer comentarios. Cumplió dos años en una prisión federal por la condena por el fraude postal hasta su liberación en febrero del 2011, y tenía un récord delictivo estatal que se remonta a 1989, incluyendo robo de mayor cuantía y fraude con tarjetas de crédito. “El historial delictivo de Ramos revela que se trata de un ladrón, estafador y falsificador habitual”, dijo Dwayne Williams, fiscal federal, en papeles de la corte antes de la sentencia de Ramos en el 2009.

A pesar de su récord delictivo — Ramos está aún en libertad condicional— Lorenzo dijo por correo electrónico a comienzos de esta semana que estaba al tanto del historial de Ramos, pero que pensaba que Ramos merecía “una oportunidad”.

La aparente generosidad de Lorenzo lo lanzó — junto con sus notorios clientes políticos — a los titulares, manchando reputaciones días antes de las elecciones.

Los candidatos reprendieron a Lorenzo días después de que una boletera de Hialeah, Deisy Cabrera, fuera acusada de fraude electoral. Tras el arresto, Fernández Rundle se recusó del caso, mencionando reportes no confirmados de que alguien de su campaña había sido visto con Cabrera.

Lorenzo dijo el lunes en una declaración que él no había contratado a Cabrera para que trabajara para la campaña de Fernández Rundle o la de Giménez. El firmó además una declaración jurada, a petición de Giménez, diciendo que él no había contratado a Cabrera.

Varios clientes de Lorenzo entrevistados esta semana por reporteros de The Miami Herald dijeron que conocían a Ramos pero que no estaban al tanto de su pasado. Fernández Rundle dijo el lunes en un comunicado que ella veía a Ramos “ocasionalmente en reuniones” y lo conocía como el “chofer/ayudante/mensajero de Lorenzo”.

En el 2007-08, el Servicio de Inspección Postal descubrió que Ramos había usado su computadora laptop para falsificar miles de sellos de correos en la compañía de Lorenzo en Coral Gables, donde el subcontratista tenía una cuenta. Ramos puso los sellos falsos a las tarjetas de felicitación de cumpleaños enviadas a los votantes a nombre de los clientes políticos de Quantum sin el conocimiento de Lorenzo, según los investigadores del Servicio de Inspección Postal.

En septiembre del 2008, Ramos fue acusado de cargos de falsificar 2,700 sellos de correo a 39 centavos cada uno de diciembre del 2006 a mayo del 2007, y otros 2,700 sellos de correo a 41 centavos cada una de mayo a septiembre del 2007.

Ramos se declaró culpable del 2009. Fue sentenciado a dos años de cárcel, una multa de $3,000 y se le ordenó restituir $2,361 al gobierno federal.