El Departamento de Justicia de EEUU ha enviado citaciones judiciales a nueve de los mayores condados en el sur de la Florida, la Bahía de Tampa y la zona central de la Florida, exigiendo información detallada sobre cómo identificaron y purgaron a personas que podían no ser ciudadanas de las listas de votantes.

Las citaciones judiciales, enviadas el 30 de julio, se emitieron en una demanda federal en la cual el Departamento de Justicia ha alegado que toda purga de votantes hecha menos de 90 días antes de una elección a nivel de estado es una violación de las leyes federales.

El juez de distrito federal Robert Hinkle en Tallahassee indicó en un fallo anterior en el caso que las purgas podían ser legales dentro de un plazo de 90 días de una elección federal, pero culpó además a la administración del gobernador Rick Scott por haber implementado un programa de purga tan vasto que molestó a cientos, si no miles, de ciudadanos que son votantes legales.

Miami-Dade, el condado más populoso del estado y el que cuenta con más residentes nacidos en el extranjero, tenía tantas preocupaciones sobre la precisión de la lista de purga entregada por el estado que la supervisora de elecciones Penelope Townsley decidió el 31 de mayo no implementar el programa.

“Hubo tantos problemas que paramos”, dijo Christina White, supervisora de elecciones.

El estado identificó inicialmente más de 180,000 personas que podían no ser ciudadanas en las listas. El estado se negó a hacer pública esa lista, lo cual han exigido los medios de prensa y el gobierno federal, hasta el jueves.

De los 180,000 nombres iniciales, el estado envió una lista de casi 2,700 nombres de personas que podían no ser ciudadanas a los supervisores de elecciones de todo el estado.

De esa lista, 1,637 fueron identificadas en Miami-Dade como personas que podían no ser ciudadanas. De ellas, 554 entregaron prueba de ciudadanía, dijo White, y 14 admitieron que no eran elegibles para votar. Los que dijeron que no eran ciudadanos continúan fuera de las listas.

Además de Miami-Dade, los ocho condados a los que se ordenó que entregaran listas fueron Pinellas, Hillsborough, Broward, Palm Beach, Orange, Collier, Lee y Bay.

La purga y el alto índice de error de la base de datos estatal se convirtieron en un detonante en el debate nacional sobre los derechos de los votantes y el fraude de votaciones. Los liberales acusaron a Scott de supresión de votantes, señalando que alrededor del 87 por ciento de las personas en la lista a purgar pertenecían a minorías, mientras que los conservadores acusaron a sus oponentes de complicidad en el fraude de voto. Los republicanos en estados tales como Ohio, un estado indeciso crucial como la Florida en las elecciones presidenciales, comenzaron esfuerzos por detectar y reprimir potenciales votantes que no sean ciudadanos.

El gobierno federal pronto demandó al estado.

Las citaciones judiciales exigen información “generada, brindada o transmitida por la Florida a [su] condado que identifique a votantes registrados, incluyendo los votantes registrados de [su] condado, como personas que puedan no ser ciudadanas en base a procedimientos de cotejo de datos de la Florida usando el Sistema de Registración de Votantes de la Florida (‘FVRS’) y la base de datos Información de Conductor y Vehículo (‘DAVID’) del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (‘DHSMV’)”.