Paris -- El Gobierno francés justificóel viernes los desmantelamientos de campamentos de gitanos, en su mayoría rumanos, que se han llevado a cabo en los últimos días, así como las repatriaciones de algunos ocupantes, tras la petición de información sobre ese asunto por parte de la Comisión Europea (CE).

El Ministerio francés del Interior subrayó, en un comunicado, que quiere que estas “cuestiones difíciles se traten con equilibrio” y con “un trabajo concertado y constructivo a escala nacional, europea y en los países de origen”.

El departamento insistió en que los desmantelamientos de “campamentos ilícitos se llevan a cabo siempre en ejecución de decisiones judiciales”.

Estimó que, aunque “el respeto a la dignidad de las personas es un imperativo (…), las dificultades y los riesgos sanitarios locales que plantean estos campamentos insalubres no pueden quedar sin respuesta”.

En cuanto a las expulsiones, recordó que están contempladas cuando sus ocupantes son extranjeros en situación irregular, al margen de cuál sea su nacionalidad.

Una forma de señalar que también están concernidos los rumanos, pese a pertenecer a un país comunitario porque, aunque tienen libertad de movimientos, deben cumplir una serie de condiciones para residir en otro Estado de la UE.

El departamento de Interior indicó que los extranjeros pueden optar por una repatriación voluntaria, lo que implica “un acompañamiento y, eventualmente, una ayuda al retorno que no se puede acordar más que una vez”.

En concreto, los rumanos que han optado por esa repatriación voluntaria reciben, además del billete en un vuelo chárter, 300 euros si son adultos y 150 por niño.

Cuando la expulsión es forzada, añadió el ministerio, “siempre se basa en una decisión administrativa tomada tras el examen individual de la situación y sometida a control judicial”.

“En ningún caso las expulsiones son colectivas forzadas, prohibidas por la ley”, concluyó.

Horas antes de que se hiciera público el comunicado del Ejecutivo francés, la CE había pedido información a las autoridades de este país sobre el levantamiento de varios campamentos de gitanos para asegurarse de que se ha cumplido con los requisitos establecidos en la directiva europea que garantiza la libre circulación de ciudadanos comunitarios.

Para expulsar a un ciudadano comunitario de otro Estado de la UE es necesario que existan ciertas condiciones, como que el procedimiento no sea hacia un colectivo, sino “caso por caso”, y que se demuestre que la persona no tiene recursos para mantenerse en el país.

La policía francesa, siguiendo una directiva del Gobierno socialista de aplicar con firmeza las decisiones judiciales, ha desmantelado en los últimos días varios campamentos de gitanos donde vivían cientos de personas, en su inmensa mayoría de origen rumano, de la periferia de ciudades como Lille, París y Lyon.

Además, ayer despegó del aeropuerto de Lyon un avión en dirección a Bucarest con 240 rumanos que habían decidido acogerse al programa de repatriación instaurado en el 2007 por el Gobierno del entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.