Arnaldo Otegui, destacado dirigente del movimiento independentista vasco, anunció el domingo su unión a la huelga de hambre masiva iniciada por varios presos de la organización armada independentista vasca ETA en apoyo a un recluso de la banda que pidió ser liberado por motivos de salud.

Otegui, que cumple seis años de condena por su papel en Batasuna, partido ilegalizado que las autoridades españolas consideran vinculado a ETA, se unió a decenas de prisioneros que iniciaron una huelga de hambre en los días previos, anunció un mensaje en su perfil de Twitter.

Esta huelga de hambre en las prisiones de España y Francia se desarrolla en apoyo a Iosu Uribetxebarria, un miembro de ETA, enfermo de cáncer, que fue encarcelado por el secuestro de un funcionario de prisiones en los años 90.

“En solidaridad con Iosu, comenzamos una huelga de hambre indefinida en la prisión de Logroño”, en el norte de España, explicaba el mensaje.

La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat anunció la semana pasada que al menos 35 prisioneros en varias cárceles de Francia y España estaban organizando huelgas de hambre y otro tipo de protestas.

Los medios españoles informaron que varias decenas de presos se unieron a la huelga durante el fin de semana, pero las autoridades penitenciarias españolas no estaban disponibles para confirmar la información este domingo.

Uribetxebarria, que ha estado recibiendo tratamiento para el cáncer y fue ingresado en el hospital de San Sebastián, en el norte de España, solicita la libertad condicional debido a su enfermedad.

Otegui, de 54 años, es una personalidad destacada del movimiento separatista vasco. Fue detenido en 2009 por intentar reformar Batasuna, un partido ilegalizado en 2003 por los tribunales españoles al considerarlo el brazo político de ETA.

ETA es considerada responsable del asesinato de más de 800 personas en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco.

Unos 600 miembros de ETA están diseminados por prisiones de España y unos cien más en Francia.

El pasado 20 de octubre, ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada”, pero sin plantear una entrega de armas. El gobierno español se niega a dialogar con la organización, a la que exige una disolucion sin condiciones.

Una de sus reivindicaciones es que se les aplique el mismo régimen penitenciario que a los presos comunes, lo que incluye ser trasladados a cárceles cercanas a sus familias.