BUENOS AIRES -- El conflicto gremial en el metro de Buenos Aires sigue latente pese a que la noche del lunes cesó una huelga que paralizó por diez días el servicio que transporta a un millón de personas y que ahondó las disputas políticas entre los gobiernos federal y capitalino.

“El conflicto está latente porque queremos seguir discutiendo más mejoras en las condiciones de trabajo y las paritarias (negociación salarial) y porque el 23% de aumento acordado no está firme”, dijo este martes Néstor Segovia, secretario general adjunto del sindicato (de izquierda) que agrupa a unos 2.500 trabajadores.

El dirigente señaló que el alza del 23 por ciento en las remuneraciones fue firmado por el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los trabajadores del sector de transportes, pero de escasa incidencia entre los empleados del metro, que están agrupados en su propia organización sindical.

Ese acuerdo salarial “precario” está supeditado a que la empresa Metrovías, la operadora del servicio privatizado en 1994, cuente con los recursos económicos necesarios para afrontar el incremento, criticó el gremio de los trabajadores del metro.

Segovia detalló que el acuerdo alcanzado la noche del lunes “es positivo” en relación a las mejoras en las condiciones laborales, como la extensión a seis meses de las licencias de los trabajadores en tratamiento médico, pero insistió en que el aumento salarial de 23% “no está firme”, tras reclamar un alza de 28%.

El servicio de las siete líneas del metro de la capital argentina, de 56,7 km de extensión y 96 estaciones, se reanudó el martes con normalidad, constató la AFP.

La protesta, la más larga de la historia en ese medio de transporte inaugurado en 1913, causó serias molestias a realizar extensas caminatas o apelar a las bicicletas para llegar a sus lugares de trabajo, mientras los autobuses circulaban abarrotados en medio de un tránsito desbordado.

La extensa huelga agudizó además las diferencias entre el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner y el capitalino del alcalde Mauricio Macri (derecha), líder opositor y aspirante a la presidencia en 2015, quienes se endilgan la responsabilidad por la administración del servicio.

“Es indudable que la puja política entre la ciudad y el gobierno nacional influyó en el conflicto sindical. Creo que la finalización del conflicto también tiene que ver con el costo que significaba para ambos gobiernos la continuidad de la huelga”, dijo a la AFP Silvina Delpippo, de la consultora Rouvier & Asociados.

Tras la huelga, María Eugenia Vidal, vicealcalde de la capital argentina, de tres millones de habitantes, este martes bajó el tono de las críticas al llamar a resolver el traspaso de la administración del metro a través del diálogo y pidió además al gobierno federal que deje de “agraviar” a Macri, heredero de un emporio económico y ex presidente del popular club Boca Juniors.

En medio de los frecuentes enfrentamientos, Macri dijo que no acepta asumir la administración del metro porque las autoridades federales no le transfieren los recursos correspondientes.

En tanto, el gobierno de Kirchner aduce que el alcalde firmó un acta de traspaso y por ello aumentó el boleto en 127%, de 1,10 pesos (25 centavos de dólar) a 2,50 pesos.

El clima de confrontación llegó a su punto máximo durante la huelga, cuando Macri acusó de “chavista” al gobierno de Kirchner, mientras el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sostuvo que el alcalde porteño “nos tiene hartos”.