Bogota -- El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ordenó el martes en Bogotá la puesta en libertad del antiguo legislador regional Sigifredo López, ex rehén de las FARC detenido hace tres meses por su presunta responsabilidad en el secuestro en el 2002 de once de sus colegas, que murieron a manos de esa guerrilla.

Montealegre explicó que los investigadores del caso establecieron que los cuatro testigos que ofrecieron sus declaraciones contra López incurrieron en falso testimonio, por lo que serán procesados.

López fue capturado el 16 de mayo pasado en Cali, desde donde se le trasladó a Bogotá y posteriormente a esta ciudad del suroeste colombiano, donde permanece en detención domiciliaria.

En una conferencia con la prensa en Bogotá, Montealegre anunció que “en este momento se está haciendo una revocatoria de la medida de aseguramiento (detención), pero el proceso debe continuar”.

Montealegre explicó que la Fiscalía General “encuentra que no existe mérito para decretar una medida de detención preventiva (de López)”, razón por la cual se decidió ponerlo en libertad.

“Debemos esperar la evaluación posterior que haga el fiscal del caso y que él determine qué otro tipo de pruebas se deben practicar”, continuó el fiscal general.

El funcionario recordó que su entidad ordenó el pasado 16 de mayo la captura de López basándose en cuatro testimonios obtenidos dentro de la investigación de su secuestro y el de otros once diputados (legisladores regionales) de la Asamblea del Valle del Cauca, departamento del que Cali es capital.

López y sus colegas fueron hechos cautivos el 11 de abril del 2002 por rebeldes que simularon ser militares que iban a realizar una operación antiterrorista en el edificio del legislativo regional, acción en la que mataron a un policía.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) los incluyeron en un grupo de políticos, extranjeros, policías y militares que pretendían canjear por medio millar de rebeldes presos en el país y Estados Unidos.

Cinco años más tarde, en junio de 2007, los guerrilleros dieron muerte a once de ellos, en medio de un incidente con otros insurgentes que los captores confundieron con militares de una supuesta operación de rescate.

López, como único sobreviviente, explicó tras su liberación unilateral en febrero del 2009 que se salvó de morir por haber estado entonces en otro campamento, castigado.

Ante los testimonios en contra, “como es obvio, en garantía de los derechos del exdiputado Sigifredo López se practicaron múltiples pruebas, con mucha diligencia”, continuó el fiscal general, quien aludió incluso a peritajes solicitados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Con estas pruebas se pudo constatar que los testigos, todos ellos presuntos guerrilleros desertores, faltaron a la verdad, enfatizó Montealegre.

En un caso más en el que “testigos faltan a la verdad y, por lo tanto, están comprometiendo a personas con actos que nunca han realizado”, añadió Montealegre, quien también advirtió que lo sucedido “dará lugar a una investigación por eventuales falsos testigos”.