Activistas y firmantes de la Demanda Ciudadana por otra Cuba advirtieron este viernes que el uso de la "fuerza bruta" por parte de la policía contra los ciudadanios puede conducir a un "camino sin retorno".

"Si hay violaciones de la ley, no será por nuestra parte, sino por la de los represores que piensan resolver todos los problemas de Cuba, sin atender para nada a la experiencia histórica reciente, con desprecio por los ciudadanos, prepotencia y fuerza bruta. Eso sí puede llevarnos a todos a un camino sin retorno", señala un documento divulgado hoy.

El texto responde al ataque de la policía, la víspera, contra tres disidentes que repartían la Demanda Ciudadana en el municipio habanero de Marianao.

Diosbel Suárez, Idalberto Acuña y Santiago Cardoso fueron golpeados y rociados con gas pimienta. Este viernes en la tarde recuperaron su libertad, tras permanecer en una unidad policial.

"Actuaremos con responsabilidad, sin discutir ni resistir el actuar de la policía o de la seguridad del estado, al menos en la vía pública, aun cuando un ejercicio desmedido e injustificado de la violencia viene ejerciéndose desde hace rato por esta última", añade el documento.

Los firmantes señalan que esto "quedó documentado" durante el funeral de Oswaldo Paya Sardiñas.

"Nuestra real y única intención es que se permita al pueblo de Cuba expresar verdadera, pacífica y civilizadamente su opinión sobre un problema tan vital como es su estado actual de vida, su desesperanza ante el futuro", explica la carta.

Destaca que, por el contrario, la posición de las autoridades ha sido "crear un clima de conflicto con la sociedad civil, provocar alteraciones del orden público con sus actos de repudio, golpear a opositores, hombres y mujeres" e "insinuar la intención de la disidencia de 'provocar situaciones que propicien una intervención militar en el país'".

El texto está firmado por Félix Navarro, Librado Linares, José Daniel Ferrer, Antonio G. Rodiles y Wilfredo Vallín.

La "Demanda ciudadana por otra Cuba", firmada por centenares de cubanos de la Isla y el exilio, fue entregada en junio a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La campaña exige al Gobierno ratificar los pactos firmados en la ONU en 2008 y poner en práctica las "garantías legales y políticas" de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

"Cuando los edificios se desploman sobre los cuerpos de nuestros compatriotas (...), seguir callando de manera cómplice, tras 54 años de descalabros, es una cobardía cívica y moral que muchos ya no estamos en capacidad de soportar", afirma el llamado de este viernes a la opinión pública nacional e internacional.