El político español acusado en las muertes de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero irá a juicio el 31 de agosto por un cargo de homicidio vehicular, de acuerdo con informes del viernes de medios noticiosos.
El diario madrileño El Mundo reportó que la parte oral del juicio de Angel Carromero comenzará el 31 de agosto en la ciudad oriental de Bayamo, cerca del lugar donde el auto que manejaba chocó con un árbol, dando muerte a los dos pasajeros cubanos.
Familiares de Payá, un reconocido disidente galardonado en el 2002 con el Premio Sajarov del Parlamento Europeo, no creen en la versión del gobierno de que Carromero causó el accidente, y afirman que hay versiones de que otro auto lo obligó a salir del camino.
La defensa de Carromero estará en manos de dos abogadas cubanas contratadas por sus colegas en el Partido Popular de España, con la ayuda no oficial de un abogado español, quien bajo la ley cubana no puede representar a clientes en la isla, agregó El Mundo
Los fiscales piden una sentencia de siete años de prisión –42 meses por cada muerte– por un cargo de homicidio vehicular, al alegar que manejaba demasiado rápido cuando chocó el 22 de julio. El Mundo reportó que sus fuentes destacaron que la sentencia se puede reducir a cinco años.
Payá murió de inmediato y Cepero, un miembro del Movimiento Cristiano Liberación de Payá, poco después. Carromero, un dirigente joven del Partido Popular, y Jens Aron Modig, presidente de la Liga de la Juventud del Partido Demócrata Cristiano de Suecia, sufrieron lesiones menores. Ambos tienen 27 años de edad.
Carromero y Modig viajaron a Cuba para encontrarse con Payá y otros disidentes y entregar unos $5,000 a los activistas. Ellos habían recogido a Payá y a Cepero en La Habana en la mañana del accidente para un viaje de dos días al oriente de Cuba. Bayamo se encuentra a 460 millas al este de La Habana.
No hay indicación de si las autoridades cubanas permitirán a los periodistas extranjeros ser testigos del juicio de Carromero, que se programó sorprendentemente rápido.
El subcontratista del gobierno estadounidense Alan Gross fue arrestado el 3 de diciembre del 2009 en La Habana, pero no se le llevó a juicio sino hasta el 4 de marzo del 2011. Ocho días después, fue sentenciado a 15 años de prisión por entregar tres teléfonos satelitales a la pequeña comunidad judía en Cuba.
La Habana prácticamente ha ofrecido liberar a Gross a cambio de los cinco espías encontrados culpables en un juicio en Miami en el 2001. La administración Obama ha rechazado públicamente la oferta y ha insistido en que las relaciones bilaterales no se pueden mejorar hasta que se libere a Gross.
Políticos españoles han hablado repetidamente de sus esperanzas de traer de regreso a Carromero tan pronto como sea posible después de su juicio.
El código penal cubano permite que el gobierno decrete la expulsión de cualquier extranjero convicto de un crimen. Los políticos destacan que la familia de Payá se ha negado a presentar una demanda legal contra Carromero, porque no creen que fuera responsable del accidente.
La Habana expulsó el año pasado a Sebastián Martínez Ferraté, un español arrestado en el 2010 y sentenciado a siete años de prisión por corrupción de menores en conexión con su documental del 2008 sobre la prostitución infantil en Cuba.
Carromero también podría ser enviado a España para cumplir su sentencia cubana bajo los términos de un acuerdo de 1998 entre ambas naciones, de acuerdo con El Mundo.
El español se encuentra retenido en una tristemente célebre instalación de investigaciones de la policía en La Habana conocida como “100 y Aldabó” por la intersección de las calles donde se encuentra. Está en una celda tipo apartamento, con aire acondicionado y televisión, que comparte con otro interno.





























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