TALLAHASSEE -- El principal defensor de los consumidores en la Florida trató sin éxito el lunes de que los reguladores estatales pospusieran la audiencia sobre un aumento de $690.4 millones en la tarifa, solicitado por Florida Power & Light, argumentando que un acuerdo de arreglo a última hora amenaza con enturbiar los procedimientos.

FPL propuso la semana pasada zanjar el caso de las tarifas ante la Comisión de Servicio Público, accediendo a mantener las tarifas fijas o a reducir las tarifas de los grandes usuarios industriales, los hospitales, la NASA y los operadores militares, pero aumentando las tarifas de los clientes residenciales y otros negocios durante los próximos cuatro años.

La oferta fue rechazada por la Oficina de Consejería Pública (PSC), que representa a 4.6 millones de clientes de FPL. También se opusieron la Federación de Minoristas de la Florida y la AARP. Dijeron que sería un mal acuerdo para la mayoría de los clientes de la compañía, porque permitiría aumentos automáticos de hasta $1,000 millones en cuatro años. Argumentaron que permitir que la compañía discuta la propuesta durante el caso de las tarifas, de dos semanas de duración, le daría a FPL una ventaja injusta.

“El documento de FPL es un elefante en medio del salón, y pedimos que saquen a ese elefante antes de los procedimientos”, dijo Charles Rehwinkel, abogado de la Oficina de Consejería Pública.

FPL está “tratando de tener las dos cosas”, dijo, y pidió a la PSC que rechace la oferta de arreglo, o que posponga la audiencia hasta que el arreglo sea rechazado, o que se abstenga de discutir el arreglo durante el caso de las tarifas.

Los abogados de FPL discreparon enérgicamente, indicando que es una práctica común entre las partes de un caso de tarifas el tratar de llegar a un arreglo.

“Nada podría estar más lejos de la verdad en términos de que sea un procedimiento separado o nuevo”, dijo Wade Litchfield, un abogado de FPL.

Eduardo Balbis, comisionado de Servicio Público, lo comparó a la fiscalía acordando un arreglo con la fiscalía.

Pero Ron Brisé, presidente de la PSC, instó al panel a rechazar la solicitud de la consejería pública para demorar los procedimientos, y confiar en él para no permitir que la discusión sobre el arreglo surja. “Me parece que la presidencia es perfectamente capaz de limitar las cuestiones”, dijo.

Balbis se unió después a los otros comisionados de la PSC y votaron unánimemente por rechazar la petición de la consejería pública, dando a Brisé la autoridad para arbitrar en cualquier disputa.

Fue una promesa efímera. Por la tarde, mientras los abogados de ambas partes realizaban sus declaraciones de apertura, la cuestión de la oferta de arreglo volvió a surgir.

Jon Moyle, abogado del Grupo de Usuarios de Florida Industrial Power, dijo a los reguladores que sus clientes quieren el arreglo, de modo que ellos puedan aumentar el descuento que reciben por acceder a apagar el uso de la energía eléctrica durante el pico de la demanda.

Los abogados de la Oficina de Consejería Pública y de la Federación de Minoristas de la Florida objetaron, y pidieron a Brisé que eliminara las declaraciones de los registros. Brisé lo denegó.

Esta es la segunda solicitud de FPL en tres años para aumentar las tarifas de la electricidad con el fin de costear nuevas inversiones. La compañía dice que necesita el dinero adicional para atraer capital para abrir plantas eléctricas nuevas que consuman menos combustible.

Desde el último aumento en el 2009, la PSC ha sufrido una revisión política e ideológica.

Hace tres años, las audiencias se extendieron durante meses, mientras el entonces gobernador Charlie Crist reemplazaba a dos de los comisionados por ser demasiado cercanos a las empresas que regulaban. Excepto $75 millones, casi todos los $1,000 millones en aumentos de tarifas solicitados por FPL fueron rechazados.

Los legisladores estatales destituyeron a cuatro de los cinco comisionados que rechazaron el aumento de tarifas de FPL, y los nuevos comisionados instalaron a un nuevo director del personal, Braulio Báez, un ex comisionado de la PSC cuya firma legal tenía a FPL entre sus clientes.

Esta vez, FPL redujo su petición a $690.4 millones, e hizo la oferta de arreglo de último minuto con tres de las ocho partes en el caso. Se espera que alas audiencias continúen durante dos semanas, con un orden recomendado que se publicará este otoño. Las nuevas tarifas entrarían en vigor en enero.