Una corte cubana ha sentenciado a tres ex viceministros de Industria Básica y a otros nueve funcionarios púlicos a hasta 12 años de prisión por su participación en un escándalo de corrupción en la industria de níquel, una de las principales fuentes de divisas de la isla.

El escándalo reveló corrupción en la "negociación, contratación y ejecución" de un projecto para expandir la planta procesadora Pedro Soto Alba, localizada en Moa, en la provincia nororiental de Holguín, de acuerdo a un artículo publicado en el diario oficial Granma.

El reporte del diario no hace referencia a Yadira Gárcia, una de las favoritas del ex gobernante cubano Fidel Castro y quien fue despedida en el 2010 de su cargo como ministra de Industria Básica debido a "deficiencias" en los controles del gasto en los proyectos que llevaba a cabo el ente, según pecisó un comunicado emitido en ese momento.

Raúl Castro ha venido realizando una campaña en contra de la corrupción desde que sucedió en el poder a su hermano Fidel en el 2008, ordenando el arresto y encarcelación de decenas de funcionarios públicos y varios inversores extranjeros en muchos casos que, a diferencia del escándalo en la planta de níquel, se han ventilado a puerta cerrada.

Granma identificó a los tres ex viceministros, que ejercieron el cargo durante diferentes períodos desde 1980 hasta el 2010, como Alfredo Rafael Zayas López, Ricardo González Sánchez y Antonio Orizón de los Reyes Bermúdez. Zayas recibió 12 años de cárcel, Gonzalez 10 y Orizon debe pagar 8 años de condena.

El Tribunal Provincial Popular de Holguín, situado a 465 millas de La Habana, también dictó una sentencia de seis años contra Cristóbal de la Caridad Saavedra Montero, ex director de negocios de Cubaniquel, la compañía estatal que opera la planta de Moa.

Otros cinco funcionarios del Ministerio de la Industria Básica que estuvieron involucrados en el proyecto de expansión de la planta recibieron condenas de entre 6 y 8 años de prisión por "el uso indebido de recursos financieros y materiales y no cumplir con el deber de preservar los bienes de las entidades económicas". Otros dos hombres y una mujer recibieron sentencias entre 4 y 6 años por uso indebido de recursos públicos.