Un tribunal cubano ha condenado a tres ex viceministros de la Industria Básica y a otros nueve funcionarios hasta a 12 años de prisión por corrupción en la industria del níquel, una de las principales fuentes de divisas de la isla.

El escándalo implicó corrupción en la “negociación, contratación y ejecución” de un proyecto para ampliar la planta de níquel Pedro Soto Alba, situada en Moa, en la provincia nororiental de Holguín, según el oficial periódico Granma.

Granma no hizo mención de la ex ministra de la Industria Básica Yadira García, una favorita del ex gobernante Fidel Castro, destituida en el 2010 por lo que una declaración oficial llamó “deficiencias” en su control de los gastos en proyectos ministeriales.

La ampliación iba a costar $387.8 millones y agregaría 4,000 toneladas de capacidad de producción del 2005 al 2008, pero no está claro cuánto se llegó a terminar. Hatch Associates, con sede en Canadá, fue contratado para administrar el proyecto y, según un informe, descubrió inicialmente la corrupción.

Las exportaciones cubanas de níquel y cobalto totalizaron $2,330 millones en el 2007, o alrededor de la mitad de todas las exportaciones de la isla. El país controla aproximadamente 6.4 por ciento del mercado global del níquel, y posee una empresa conjunta con Sherritt International, de Canadá.

Raúl Castro ha estado combatiendo la corrupción desde que sucedió en el poder a su hermano Fidel en el 2008, encarcelando a decenas de funcionarios del gobierno y a varios inversionistas extranjeros en casos que son mantenidos, en su mayoría, fuera de la vista del público, a diferencia del escándalo del níquel.

Granma identificó a los tres ex viceministros, que trabajaron durante diferentes períodos desde 1980 hasta el 2010 como Alfredo Rafael Zayas López, Ricardo González Sánchez y Antonio Orizón de los Reyes Bermúdez. Zayas fue condenado a 12 años, González a 10 y Orizón a ocho.

El Tribunal Primero de lo Criminal de la provincia de Holguín, a 465 millas al este de La Habana, también impuso una sentencia de seis años a Cristóbal de la Caridad Saavedra Montero, ex director de negocios de Cubaníquel, la empresa estatal dueña de las operaciones de Moa.

Otros cinco funcionarios que participaban del proyecto fueron sentenciados a entre seis y ocho años de prisión por mal uso de recursos financieros e “incumplimiento del deber de preservar los bienes de las entidades públicas”. Otros dos hombres y una mujer recibieron sentencias de cuatro a seis años por mal uso de recursos.

Granma informó que el juicio tuvo lugar “recientemente”, y que los acusados “contaron con las garantías establecidas en la legislación procesal penal”. Sus nombres y las acusaciones no habían sido publicados hasta ahora.

El caso probó que la corrupción tuvo “nocivas consecuencias en una de las actividades estratégicas para la economía del país”, agregó el periódico, y demostró la “pérdida de los valores éticos” por parte de los 12 condenados.

Informaciones no confirmadas de corrupción en la planta Pedro Soto Alba empezaron a circular el año pasado, poco después de noticias sobre otro escándalo en la planta René Ramos Latour, otra instalación procesadora de níquel en Nicaro, cerca de Moa.

En ese momento, las informaciones señalaron robos de camiones, motores y otras piezas de camiones enviadas a las empresas de Moa y Nicaro, salarios insólitamente altos para algunos administradores, y adulteraciones de los productos para inflar las cantidades producidas.

El Ministerio de la Industria Básica fue desmantelado en esta primavera y reemplazado con el Ministerio de Energía y Minas, para supervisar el petróleo, la electricidad y la minería, así como al Ministerio de Industrias a cargo de los sectores del acero, los químicos y la industria ligera.

“Con estas decisiones se pretende dar respuesta a los problemas identificados en cada uno de estos [sectores] al tiempo que se avanzará en la separación de las funciones estatales y empresariales”, indicó Granma en marzo al anunciar los cambios.