PHOENIX -- La gobernadora Jan Brewer defendió el martes su orden para que se nieguen licencias de conducir y otras prestaciones sociales a jóvenes inmigrantes que consigan permisos de trabajo conforme a una nueva política del presidente Barack Obama, y dijo que la culpa de su situación recae en el gobierno federal y en los padres que los trajeron de manera ilegal.

Brewer afirmó que no odia a los hispanos ni a los inmigrantes, sino que reafirma la intención de las leyes estatales de negar prestaciones sociales a las personas que no cuentan con autorización para estar en el país.

“Creo que todos en Arizona (y) a lo largo y ancho de Estados unidos tienen compasión por esos menores traídos por sus padres de manera ilegal al país”, dijo Brewer. “Pero no es nuestra responsabilidad. Es de sus padres. Es necesario que respeten la ley”, agregó.

La orden de Brewer acerca de que se nieguen prestaciones sociales a quienes sean beneficiarios de la política de deportación diferida fue calificada de insensible, equivocada y cuestionable jurídicamente por partidarios de la medida migratoria.

Sin embargo, la orden no fue una sorpresa debido a las disputas entre la gobernadora republicana y el gobierno de Obama en torno a la ley de inmigración aprobada en el 2010 en Arizona, y otras cuestiones relacionadas.

Brewer reiteró su exigencia de tener una mayor seguridad fronteriza. Cuando la frontera sea segura, Washington podrá enfrentar otros problemas vinculados con la inmigración, agregó.

“Se trata de una situación desafortunada, pero la verdad es que es necesario encararla y creo que el gobierno federal es el que debe hacerlo, y debe hacerlo mediante modificaciones a la ley; necesita trabajar con el Congreso y hacer lo que sea necesario para rectificar lo ocurrido”, señaló Brewer.

El gobierno federal dijo en julio que los arrestos de migrantes se han reducido a su nivel más bajo en 40 años, reflejo del declive en el número de personas que pretenden cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos. Esta disminución quizá se deba a la lentitud de la economía estadounidense y a una intensificación de la vigilancia.

Brewer dijo que su orden tiene la intención de garantizar que las agencias estatales se adhieran al objetivo de las leyes del estado que niegan prestaciones sociales a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

Pero también dijo que está en contra de que se modifiquen las leyes estatales para otorgar prestaciones sociales a las personas que se beneficien de la deportación diferida.

“No, yo creo que las personas deben estar aquí de manera legal y con presencia autorizada”, apuntó la gobernadora.

Brewer conversó con la prensa tras adelantar su voto para las elecciones primarias de la próxima semana en el estado.

En un tribunal a varias cuadras de distancia, un juez federal escuchó los argumentos en torno a una solicitud que presentaron detractores para que se impida la entrada en vigencia de la parte más polémica de la ley migratoria del estado.

Para solicitar ese alivio, los estudiantes tendrán que demostrar con documentos validos que son menores de 31 años, entraron a EEUU antes de cumplir los 16, están inscritos en centros de estudios, y no tienen graves antecedentes penales.

Pero la emisión de licencias de conducir y cédulas de identidad recae en los gobiernos estatales, que desde siempre han protagonizado una lucha de poderes con el Gobierno de Washington en esta materia.

El mismo día en que miles de estudiantes indocumentados comenzaron sus trámites para suspender la deportación, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, emitió una orden ejecutiva para prohibir que se les concedan licencias de conducir.

Brewer, que con su promulgación de la ley SB1070 en 2010 llevó la lucha contra los indocumentados hasta las puertas del Tribunal Supremo este año, argumenta que la “acción diferida” no confiere estatus legal a los estudiantes indocumentados y por lo tanto éstos no pueden recibir licencias de conducir.

Si en el 2010 Brewer sirvió de ejemplo a otros gobernadores estatales partidarios de estrechar el cerco a los indocumentados, ahora también se ha puesto en primera fila para negar ese privilegio a los “dreamers” (“soñadores”) amparados bajo este alivio migratorio temporal.

Así, el gobernador republicano de Nebraska, Dave Heineman, dijo el sábado pasado que estos estudiantes no son “ciudadanos legales”, por lo que tampoco podrán obtener licencias.

Se calcula que hasta 1.7 millones de estudiantes indocumentados podrían ampararse al programa migratorio, ya tildado como una versión “lite” del “Dream Act”, el proyecto estancado en el Congreso desde el 2010 y que, de ser aprobado, permitiría la legalización de los “dreamers”.