No busquen a demócratas y republicanos para ponerse de acuerdo en nada salvo en una cosa: mantener en secreto informaciones por nuestro propio bien. Que un primo segundo de Osama Bin Laden por parte de madre se paseaba con una vieja kalashnikov en un camello por Bora Bora, pues se le da matica de café. Y de paso también a sus hijos, abuelos y media docena de vecinos a los que en realidad mató la curiosidad, si ustedes me entienden. Luego el dato se archiva en una bóveda blindada de la CIA o de la National Security Agency durante años. Hasta que a un funcionario al borde de la jubilación, del suicidio o de escribir su autobiografía –que son más o menos la misma cosa– lo filtra al Washington Post o al New York Times. Entonces se arma la de San Quintín. Al jubilado, suicida o escriba se le acusa con gran fanfarria de traición a la Patria. Y la Casa Blanca y el Congreso, que por lo general no se pueden ver ni en pintura, acuerdan tan campantes tomar medidas drásticas para “proteger información sensible” sobre seguridad nacional. O sea, para que ni usted ni yo nos enteremos de que el gobierno se cargó al primo de la historia, a su familia y a sus vecinos pendencieros.

Se trata, desde luego, de pura ficción. Pero con enorme parecido a hechos reales. El caso es que el presidente Obama y el Congreso, inspirándose en los peligros que corre el país, los verdaderos y los imaginarios, se han embarcado en una doble ofensiva para privarnos de informaciones que ellos consideran demasiado riesgosas para hacerlas del dominio público. Durante el último año, por ejemplo, el gobierno aumentó en 10 % las negativas a las solicitudes de información que hacemos los periodistas mediante la Freedom of Information Act. También frenó la desclasificación de 371 millones de páginas que había prometido desclasificar para el 2013 (apenas ha revelado una séptima parte). E intensificó la persecución selectiva de whistleblowers, esos insiders que denuncian irregularidades, chanchullos y estupideces gubernamentales exponiéndose a represalias. Digo “selectiva” con toda intención, porque si los insiders filtran datos que hacen lucir como duro al presidente, es probable que se ganen elogios y promociones.

Para no quedarse atrás, el Congreso considera un proyecto de ley que restringiría aún más las ocasiones en que funcionarios de inteligencia pueden hablar con periodistas. La Comisión de Inteligencia del Senado ya aprobó la medida con apoyo bipartidista. Republicanos y demócratas están cabreados por recientes filtraciones sobre la operación que ajustició a Bin Laden y los ataques cibernéticos de EEUU e Israel contra el programa nuclear de Irán. Irónicamente, la propuesta excluye el trato periodístico con la Casa Blanca y el Congreso, las dos entidades de donde proviene la mayoría de las filtraciones que usamos los periodistas para que usted se entere de lo que hace y deshace el gobierno a su nombre.

Ninguna persona razonable cuestionaría el derecho de un gobierno democrático a mantener ciertos secretos y prevenir filtraciones peligrosas. Pero ese derecho no es absoluto, sino relativo al derecho del público a saber cómo toman las decisiones sus gobernantes. Esto significa que, a la corta o a la larga, y más bien a la primera, las autoridades tienen la obligación de compartir sus secretos con los ciudadanos. Y que en ningún momento deben usar sus prerrogativas con el propósito expreso de encubrir errores, desmanes o actos ilegales. Para evitar que esto ocurra, la Casa Blanca y el Congreso deberían preservar y fortalecer las vías de comunicación entre las agencias federales, los periodistas y otros ciudadanos. En lugar de ello, 10 de las 15 agencias del Gabinete presidencial están obstaculizando esa comunicación, según denunció recientemente el Washington Post.

Por naturaleza, el gobierno tiende a desarrollar una cultura de secretismo que socava la democracia. El presidente Obama la denunciaba con elocuencia cuando aspiró por primera vez a la Casa Blanca y al comienzo de su mandato. “La Ley de Libertad de Información debe administrarse con una clara presunción: ante la duda, debe prevalecer la transparencia”, escribió de su puño y letra (es un decir) en un memorando al estrenarse en la presidencia. Nunca es tarde para que renueve su compromiso con la libertad de información. Si lo hace, tal vez envíe a tiempo al Congreso el mensaje de que ninguna filtración de secretos es más peligrosa para nuestra democracia que una ley que restrinja aún más nuestra libertad de información y nuestro derecho a estar bien informados.

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