Un importante funcionario de Miami Beach cuya tarea es restaurar la fe en una división del municipio plagada de problemas tendría primero tal vez que restaurar la confianza de sus jefes en él mismo.

Robert Santos-Alborná, director de la División de Cumplimiento de Código, recibió la orden de tomar cursos de capacitación “para mejorar sus habilidades como supervisor” tras una investigación interna en la que se buscaba saber si él y sus asistentes -acusados de aceptar sobornos- tenían relaciones con sus empleadas.

Los resultados de la pesquisa, que también sacó a la luz problemas con la utilización impropia de la tarjeta de crédito del municipio así como en aceptar regalos, tienen lugar cuatro meses después que varios empleados del departamento fueron acusados por el FBI de hacer negocios ilícitos en un club de South Beach.

Este mes Santos-Alborná fue declarado inocente de haber tenido una relación íntima con una funcionaria del departamento a la cual el 24 de julio le dio el habitual aviso de dos semanas con el que la despide de su empleo.

“Mi integridad es y ha estado siempre libre de reproches”, escribió Santos-Alborná en un correo electrónico que envió a The Miami Herald el jueves.

Sin embargo, en un memorando interno sobre la investigación se afirma que el director no indagó ni informó sobre las sospechas de que el entonces administrador José Alberto estaba saliendo con una asistente administrativa que le reportaba directamente a Alberto.

“Si hubiera investigado de forma adecuada, habría podido determinar que en efecto había una relación romántica entre” Alberto y la asistente, Antita Baquero, señala el memorando de Ramiro Inguanzo, director de Recursos Humanos.

Tener relaciones con una empleada con la “se trabaja directamente” es una violación de los códigos de conducta del municipio. Inguanzo dijo que este tipo de relaciones no hacen sino cuestionar la imparcialidad de un supervisor respecto a una empleada y que también es un motivo para despedirlo.

Alberto y otros cuatro empleados del departamento fueron arrestados en abril como parte de un operativo del FBI sobre estafa de los inspectores de código e incendios del Club Dolce en Ocean Drive. Alberto, que fue acusado de ser el jefe del grupo, el lunes se declaró culpable de un cargo de extorsión federal.

En su aceptación de culpabilidad, Alberto admitió haber aceptado personalmente sobornos por un total de $16,600 para de este modo evitar multas e inspecciones.

Después de conocer la relación existente entre Alberto y Baquero, Inguanzo dijo que los funcionarios comenzaron a preocuparse de que la asistenta administrativo de Alberto, que era una antigua funcionaria a tiempo parcial de la división y tenía acceso al banco de datos de la ciudad, podría haber alterado los archivos.

Sin embargo, Inguanzo dijo que la ciudad, que ha estado investigando los archivos de los códigos con la ayuda de Santos-Alborná, dijo sentirse confiado de que eso no ocurrió.

“En un principio nos preocupó que quizás ella hubiera hecho algo que comprometiera los archivos del municipio”, dijo Inguanzo. “Trabajamos de forma muy cercana con IT, hicimos exámenes, verificamos un sinfín de cosas, y no encontramos nada, ninguna evidencia que haya hecho algo inapropriado”.