Asuncion -- El presidente de Paraguay, Federico Franco, visitó el viernes a los familiares de los campesinos fallecidos en la matanza ocurrida el 15 de junio pasado en la zona de Curuguaty (nordeste), hecho que le costó la Presidencia a Fernando Lugo, y prometió recuperar las tierras.

Franco realizó esa visita en el marco de las jornadas de gobierno por el interior del país, que esta vez incluyó varias actividades el miércoles y jueves en el departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná.

El mandatario conversó con los familiares de los once campesinos de grupos “sin tierras” que perdieron la vida en un enfrentamiento a tiros en el que también murieron seis policías durante la operación de desalojo de una hacienda de Curuguaty, en Canindeyú.

El gobernante remarcó la necesidad de que se esclarezca ese hecho sin precedentes en el país, que fue uno de los detonantes de la destitución del anterior jefe de Estado y de la crisis política de junio pasado.

Lugo fue sometido a un juicio político en el Legislativo por mal desempeño en sus funciones y sustituido en el cargo por el entonces vicepresidente del país, Federico Franco, el 22 de junio pasado.

Ese proceso fue calificado por Lugo como un “golpe de Estado parlamentario”, pese a que la Constitución contempla la figura del juicio político.

Franco, que también entregó una asistencia monetaria del Gobierno a los familiares de los fallecidos, ratificó la intención del Gobierno de recuperar las tierras donde se produjo la matanza, actualmente explotadas por un empresario, detalló la agencia pública IP Paraguay en un comunicado.

Los “sin tierra” ocupaban una parcela de casi 1,800 hectáreas cuya propiedad se disputan el Estado, que las recibió en donación en 1967, y el empresario y político “colorado” Blas N. Riquelme.

“Campos Morombí”, una de las empresas de Riquelme, posee 50,000 hectáreas en Curuguaty y en el 2005 sumó 1,800 anexas mediante un proceso de usucapión, que la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) consideró plagado de “múltiples irregularidades y falsedades”.

El caos en los registros de propiedad complica una solución al conflicto por la tierra en Paraguay, donde un tercio de la superficie arable del país fue adjudicado irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) y los 15 años posteriores, según un informe de 2008 de la CVJ.