Jóvenes inmigrantes indocumentados continúan enviando solicitudes al gobierno federal en pos del codiciado estatus especial migratorio que les permitiría permanecer en el país legalmente por dos años sin temor a ser deportados.

Pero el programa, denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), podría quedar paralizado si es que prospera una demanda judicial presentada la semana pasada en una corte federal por 10 agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) que piden que se suspenda el beneficio. La demanda es contra Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y John Morton, director de ICE. Napolitano expidió un memorando que puso en vigor el programa que el presidente Barack Obama anunció en junio.

Por ahora el juez Reed C. O’Connor del tribunal federal en Dallas, donde se radicó la demanda civil el 23 de agosto, no ha tomado acción y el gobierno federal ha dicho que espera que el programa no sea interrumpido.

“El memorando de la secretaria sobre Acción Diferida para los Llegados en la Infancia es una continuación del enfoque del departamento sobre sus prioridades [como deportar a extranjeros con antecedentes penales] y asegura que jóvenes responsables, que son estadounidenses en toda forma excepto en papel, tengan la oportunidad de permanecer en el país y hacer su más completa contribución”, según comunicado de DHS. “Esto es sólo una medida temporal. El Congreso aún debe dar una solución permanente para arreglar el sistema migratorio que no funciona”.

Algunos de los solicitantes se han puesto nerviosos.

“Hay temor que vayan a suspender el programa”, dijo Yuly Rodríguez, uno de los casi dos millones de jóvenes sin papeles que pueden presentar solicitudes bajo DACA. Rodríguez fue entrevistada el miércoles en las oficinas de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán en La Pequeña Habana que esta ayudando a los indocumentados a llenar solicitudes.

Otro joven que también estaba en las oficinas del grupo, Víctor Manuel Ponce, expresó temor igualmente sobre el impacto de la demanda.

“No quiero que suceda nada”, dijo Ponce. “Todos necesitamos ayuda”.

Ponce y Rodríguez parecen cumplir los requisitos de DACA: que los jóvenes hayan sido traídos a Estados Unidos antes de los 16 años, que no sean mayores de 30 y que hayan asistido a la escuela. Rodríguez llegó de Honduras cuado tenía 11 años y ahora tiene 20. Ponce llegó a los 8, también de Honduras, y hoy tiene 17. Ambos se graduaron de la escuela secundaria en Miami.

Francisco Portillo, presidente del grupo que esta ayudando a Ponce y a Rodríguez, dijo que la demanda es “algo indignante”.

El grupo de Portillo trabaja en coordinación con la escuela religiosa Revelation School of Florida cuyo representante, Gustavo Enrique Pacheco, es padre de dos jóvenes ecuatorianos que también han solicitado el beneficio. Uno de sus hijos es Gaby Pacheco, uno de los dirigentes nacionales del movimiento de jóvenes indocumentados en favor del DREAM Act.

“Esto de la demanda es algo político”, dijo Gaby Pacheco, que en el 2010 fue uno de cuatro jóvenes inmigrantes que caminaron de Miami a Washington para impulsar el DREAM Act. Señaló además que ICE no tiene facultad de hacer decisiones sobre las solicitudes. Esa autoridad fue otorgada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).