Las autoridades vincularon 195 boletas en ausencia a Cabrera, Robaina u otros sospechosos de ser boleteros. De las mismas, seis boletas fueron confiscadas como parte de la investigación en curso, y no se contaron. Otras cuatro fueron rechazadas por los tres miembros de la junta de escrutinio del Condado porque las firmas en los sobres de las boletas no se correspondían con las de los votantes en sus expedientes del departamento de elecciones.

En la moción presentada el miércoles, los abogados de Giménez escribieron que la “evidencia de irregularidad” en la elección es mínima.

“Aunque la demanda entra poco en detalles, es evidente que se basa en supuestos fraudes que son insignificantes desde el punto de vista numérico y ni siquiera se alega que sea generalizado u omnipresente”, reza la moción.

Crespo, no obstante, dijo que su campaña está averiguando sobre otras alegaciones de fraude, en particular en Sweetwater, donde dijo que un par de colegios electorales vieron un “salto” en votos en ausencia. En una columna publicada el domingo en la página de opiniones de The Herald, Crespo dijo que los ancianos de un hogar de Sweetwater dijeron que una persona “estrechamente relacionada con un importante funcionario de la ciudad ‘se ocupó’ de sus votos en ausencia en el centro”.

“Pienso que hubo irregularidades, y quiero que sean puestas al descubierto”, dijo Crespo el jueves, sin nombrar al funcionario de la ciudad.

Labora, quien es abogado, y Crespo, que no lo es, llenaron las demandas por sí mismos, sin usar a un abogado.

Ambos, lo mismo que García y Martínez, demandaron a sus oponentes, a la junta de escrutinio del Condado y a la supervisora de elecciones de Miami-Dade Penelope Townsley. Crespo demandó además a la junta de escrutinio estatal, la cual certifica las elecciones legislativas.

En su demanda, Martínez lista además a tres votantes del condado como codemandantes.