Un juez federal falló que el estado discrimina potencialmente a miles de estadounidenses que viven en la Florida al cobrarles una matrícula más alta como estudiantes no residentes en el estado simplemente porque sus padres podrían no ser residentes legales de Estados Unidos.

El juez federal de distrito K. Michael Moore concluyó el martes que la regulación de la Florida que clasifica a dichos estudiantes según el estatus migratorio de indocumentados de sus padres viola la cláusula de igual protección de la Constitución.

“En virtud de su clasificación, [a estos estudiantes de la Florida] se les niega un beneficio que consiste en tasas de matrícula significativamente más bajas a las instituciones educacionales de enseñanza postsecundaria del estado”, concluyó el juez en una opinión de 19 páginas que criticó duramente la política del estado.

“Esto les crea un obstáculo adicional para obtener una educación de nivel postsecundario en una de las instituciones públicas del estado, el cual no es enfrentado por otros residentes del mismo”.

Moore, quien fuera nominado por el presidente George H.W. Bush y confirmado en 1992, concluyó además que la política “no satisface ningún interés legítimo del estado, mucho menos el importante interés del estado en proporcionar oportunidades educacionales para sus propios residentes”.

El Departamento de Educación del estado dijo que había recibido el fallo del juez y estaba revisándolo.

La demanda de los estudiantes de la Florida fue presentada en octubre del 2011 por Southern Poverty Law Center. El centro representa a estudiantes que son ciudadanos estadounidenses y residentes de la Florida, entre ellos varios de Miami, pero cuyos padres no pueden probar que tienen un estatus migratorio legal.

Esta política de la Florida es el resultado de regulaciones administrativas creadas en el 2005. Aunque la ley estatal se ocupa de asuntos de matrícula y residencia, la misma delega la responsabilidad de establecer reglas específicas al Departamento de Educación (en el caso de los community colleges) y a la Junta de Gobernadores (para las universidades estatales).

Southern Poverty Law Center estimó que cientos de miles de estudiantes de la Florida podrían verse afectados por el fallo del juez. Según la política actual, los estudiantes clasificados como no residentes de la Florida pueden tener que pagar más del triple del costo de la matrícula que pagan los residentes del estado. La política afecta a aquellos que tengan menos de 24 años y cuyos padres los tengan como dependientes en su declaración de impuestos.

El centro, radicado en Montgomery, Alabama, saludó el fallo del juez.

“Hoy es un gran día para estos jóvenes de todo el estado de la Florida que simplemente quieren la oportunidad de educarse y, a través de ello, conseguir el sueño americano”, dijo el subdirector legal del centro, Jerri Katzerman.

“Esta política, que era flagrantemente inconstitucional, dejará de ser un obstáculo para estos jóvenes estudiantes que bien podrían ser los líderes estatales del mañana”.

“Cada año la Florida gradúa a miles de estudiantes, muchos de los cuales enfrentan un futuro incierto debido a restricciones legales o fardos financieros infranqueables debido a su estatus migratorio”, dijo el martes el superintendente escolar de Miami-Dade Alberto Carvalho.