MONTEVIDEO -- La Cámara de Diputados uruguaya dio sanción definitiva a una ley que convierte a toda la población en potencial donante de órganos, excepto si la persona expresa su oposición en vida, una medida que busca reducir la falta de órganos y los tiempos de espera para un trasplante.

El proyecto, aprobado el miércoles con el respaldo de legisladores de todos los partidos políticos, debe ser ahora promulgado por el Poder Ejecutivo.

Según el texto, “toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no haya expresado su oposición a ser donante por alguna de las formas previstas (…) se presumirá ha consentido la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos”.

En caso de tratarse de menores de edad o de personas incapaces, el consentimiento deberá ser otorgado por su representante legal tras constatarse el fallecimiento.

Según el informe de la Comisión de Salud de la cámara, donde el proyecto fue aprobado por unanimidad, “la poca disponibilidad de órganos, consecuencia de la baja donación, deja a miles de personas sin la posibilidad de recibir el trasplante que necesitan para sobrevivir” y “miles de pacientes fallecen mientras se encuentran en lista de espera”.

Los legisladores citan como modelo los sistemas que se aplican en Francia, Italia, España, Argentina y Chile.

“Es una apuesta por franquear un camino hacia la vida, hacia gente que hoy está esperando un órgano”, explicó el diputado Daniel Radío, presidente de la Comisión de Salud de la cámara.

En sala “se dio un debate largo”, señaló Radío, ya que —entre otros planteos— algunos legisladores propusieron que los familiares tengan la posibilidad de oponerse a la donación, idea que finalmente no prosperó.

Hasta ahora, la ley de 1971 que regula la donación de órganos en Uruguay preveía que son donantes las personas que hayan declarado en vida su voluntad de serlo o que lo hagan a través del consentimiento de familiares tras su fallecimiento. Desde el 2003, además, se estipula que son donantes presuntos las personas que fallecen por una muerte violenta que requiera pericia forense.

La entrada en vigencia de la norma se producirá cuando se cumpla un año de su promulgación.

“Creo que lo que hay que hacer es una intensa campaña para que la gente sepa” sobre el cambio, comentó Radío, del opositor Partido Independiente (PI). “En el fondo estamos subsanando un problema que tiene el estado uruguayo, que no le pregunta a la gente esto”.

“Los uruguayos tienen una cifra muy baja de rechazo cuando se les pregunta si quieren ser donantes, está en el entorno al 15 o 16 por ciento. Más del 80 por ciento dice que sí. Si hubiéramos preguntado a toda la gente probablemente la cifra de donantes sería muy alta”, sostuvo.

Actualmente hay unos 526,000 uruguayos —en 3,3 millones de habitantes— que manifestaron su voluntad anticipada de donar, lo que representa una tasa de donantes efectivos de 17 por millón de habitantes, la más alta de América latina.

El promedio de espera es de unos dos años y medio en el caso de los trasplantes de riñón.

Legislaciones similares a la aprobada por el Senado uruguayo ya existen en Argentina, México y Singapur.

Brasil aprobó en 1997 una norma habilitando el consentimiento presunto pero ante la protesta pública que generó fue abolida.

También fue adoptada legislación en ese sentido en varios países europeos, incluidos Austria, Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Noruega, Suiza, Suecia y España —el país con mayor tasa de donantes, de 32 por millón de habitantes— aunque en la mayoría se requiere también el consentimiento de la familia.