Una década antes de lanzar la celebrada Torre Trump en Fort Lauderdale, Felix Sater tramó un audaz plan para salir de prisión.

Acusado en un escándalo de acciones en Nueva York, el empresario de 46 años viajó a su nativa Rusia, donde asumió un papel que fue mucho más allá de tener relaciones con criminales peligrosos.

Comenzó a espiar para la CIA.

Al buscar en el amplio mundo subterráneo de la ex Unión Soviética, Sater fue capaz de localizar en el mercado negro una docena de misiles Stinger equipados con poderosos sistemas de seguimiento.

Con el respaldo de agentes de EEUU, Sater acordó comprar las armas, con lo que las mantuvo fuera de las manos de los terroristas. A cambio, la CIA prometió no llevar a prisión a Sater por el fraude con acciones que tramó junto a figuras del crimen organizado de Nueva York.

El trato estaba hecho.

Ahora, años después del fracaso de la Torre Trump, una batalla legal ha surgido entre inversionistas estafados que tratan de revelar los antecedentes de Sater y agentes federales, quienes aseguran que está en juego la seguridad nacional de EEUU.

“Es un escándalo y el daño hecho a las víctimas es incalculable”, alegó el abogado Richard Lerner en una sesión informativa ante la Corte Suprema de EEUU.

El mes próximo, un juez federal de Nueva York decidirá si se dan a conocer docenas de documentos en una disputa donde se alega que Sater le robó millones a los inversionistas mientras los fiscales le daban total protección.

Al decir que el gobierno tiene el deber de proteger a los testigos, los fiscales luchan para mantener oculto el caso de Sater en una batalla que se espera que llegue a la Corte Suprema.

Incluso el juez federal Leo Glasser ha participado en el caso, al alegar en una audiencia del 2010 que el revelar algunos de los secretos podría “afectar significativamente asuntos de interés nacional”.

Aunque la fiscalía federal en Brooklyn ha declinado hablar sobre los vínculos de Sater con el gobierno, documentos divulgados recientemente muestran que fue finalmente sentenciado en el 2009, 11 años después de que fue acusado en el caso de fraude accionario en Nueva York.

El resultado: una multa de $25,000 sin encarcelamiento.

Además, no se le ordenó que devolviera el dinero a sus víctimas —algo obligatorio bajo las leyes federales— cuyas pérdidas totalizaron $40 millones.

Lo que se mantiene sellado es el trabajo que Sater realizó para el gobierno en los últimos 14 años y que ahora es el tema de la batalla legal.

Durante una audiencia, el juez dijo que el caso ha salpicado a altos miembros “de una agencia dedicada a la seguridad nacional. Debo decir agencias, plural”. Pero no dio detalles.

La lucha ha sido tomada tan en serio que el juez se refiere a John Doe en vez de a Sater, para esconder su identidad, y “proteger la vida de la persona”.

A pesar del drama que implica tratar de esconder su pasado, algunos detalles han sido divulgados con el paso de los años, incluyendo registros en los Archivos Nacionales que muestran que Sater ha estado cooperando con los fiscales por al menos una década.

Además, otro asociado en el escándalo de las acciones, Salvatore Lauria, fue uno de los autores de un libro de 274 páginas que describe la explosiva estafa accionaria y el arreglo con la CIA para no ir a prisión.