Administradores del sistema de salud pública de la Florida visitarán a cientos de niños con delicada salud que viven en hogares de ancianos, y hablarán con sus padres, para determinar si se están obligando a las familias a abandonar a sus hijos en instituciones como alegan abogados de derechos civiles federales.

Casi una semana después de que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer un sombrío informe que acusó al estado de confinar a niños enfermos y discapacitados en hogares de ancianos, los líderes de dos agencias de salud pública estatales insistieron que el estado “cumplía fielmente” con las leyes federales que exigen a los gobiernos albergar y tratar a personas discapacitadas en ámbitos comunitarios siempre que sea posible.

Liz Dudek, secretaria de la Agencia de Administración del Sistema de Salud Pública del estado (AHCA), dijo que ella había instruido esta semana a su personal que hablara con “cada padre” de un niño que vive en un hogar de ancianos de la Florida para determinar si vivir en una institución “es la mejor decisión posible para el niño”.

“Todo el mundo, incluyendo esta población tan frágil, merece ser tratado con las menores restricciones posibles”, dijo Dudek a periodistas de todo el estado en una conferencia de prensa celebrada el miércoles por la tarde. “Es así como queremos que estén los niños”.

La semana pasada, el Departamento de Justicia envió una cáustica carta de 22 páginas a la procuradora general de la Florida Pam Bondi que afirmaba que los reguladores de salud pública del estado estaban violando la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, una ley federal de 1990 diseñada para proteger a personas enfermas y discapacitadas de ser confinadas en grandes instituciones aisladas.

“Muchos niños que entran a hogares del estado son separados innecesariamente de sus familias y comunidades durante años”, escribió el subsecretario de Justicia Thomas E. Pérez en la carta. “Con los adecuados servicios y el apoyo debido, estos niños podrían vivir en sus casas con sus familias o en ámbitos comunitarios más integrados.

“El estado ha planeado, estructurado y administrado un sistema de servicios de salud que ha conducido a una segregación y un aislamiento innecesario de los niños, a menudo durante muchos años”, escribió Pérez, quien añadió que a muchos de estos niños se les niega la educación y a veces son dejados por horas frente al televisor o en los pasillos del hogar de ancianos sin actividades ni terapia. Hay incluso bebés y niños de brazo viviendo en hogares de ancianos, escribió Pérez, y algunos niños crecen en esencia en una cama de hospital.

Perez dijo que la división de derechos civiles consideraría la posibilidad de demandar al estado si los administradores de salud pública no hacían más para permitir que los niños enfermos y discapacitados sean cuidados en sus casas o en comunidades.

Aunque el estado no ha respondido aún al informe federal, tanto Dudek como el secretario estatal de Salud Pública John Armstrong dijeron que no planeaban hacer cambio alguno a la política estatal.

“Consideramos que ya estamos cumpliendo con la ley, y esa será nuestra respuesta”, dijo Dudek.

Alrededor de 221 niños con condiciones médicas delicadas viven en hogares de ancianos, dijo Armstrong. El informe federal sugiere que la mayoría de ellos están viviendo en las áreas urbanas de Miami, Fort Lauderdale, Tampa, St. Petersburg y Orlando. Aunque la severidad de la condición de los niños varía, más del 80 por ciento son alimentados por medio de tubos, y un tercio de ellos depende de respiradores artificiales, dijo Armstrong.

Mary Ellen Klas de The Miami Herald/Tampa Bay Times Tallahassee contribuyó a este reportaje.