El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela Eladio Aponte Aponte declaró por escrito que recibió órdenes directas del presidente Hugo Chávez para que condenara a 30 años de prisión a un grupo de opositores, en un acto de injusticia que muestra el control del mandatario sobre las cortes y su uso como herramienta de persecución política.

Aponte, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos colaborando con las autoridades que investigan los presuntos vínculos del Estado venezolano con el tráfico de drogas, elaboró la confesión cuando se encontraba en Costa Rica en abril a través de un documento que se encuentra debidamente notariado y apostillado, declaró en una rueda de prensa el abogado venezolano Carlos Ramírez López.

El ex magistrado confesó que actuó bajo ordenes directas de Chávez para que usara todo el peso de la corte contra un grupo de policías, algunos de los cuales defendieron a un grupo grande de manifestantes de la oposición durante los sucesos que condujeron al breve derrocamiento del mandatario en abril del 2002.

“Ustedes elevaron recurso de cesación ante la Sala Penal [del Tribunal Supremo de Justicia] donde yo lo asumí, y de inmediato mande a elaborar el proceso de sentencia declarando sin lugar, […], esto sin ni siquiera haberlo leído ya que era demasiado extenso, y la orden que expresamente me dio el presidente Chávez era: ‘Salir de eso de inmediato sin más tardanza, condénelos de una vez’”, afirmó Aponte en su declaración escrita.

“Así lo hice, y al tener el proyecto lo firmamos el 18 de mayo del 2010, y el fallo se publicó el 21 de mayo del 2010, sentencia 173, con la aprobación mía, de Deyanira Nieves, Miriam Morandi y Héctor Coronado Flores, y a cada uno de ellos les hice saber que esa era la orden de Chávez con la que se apresuraron a firmarlo”, añadió.

Ramírez, quien colaboró con el envío de Aponte hacia EEUU, indicó que enviará próximamente la confesión divulgada hoy a los familiares de los ex comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero y de los ex policías Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado y Héctor Rovaina, para que ellos procedan a solicitar la nulidad del juicio en las instancias venezolanas e internacionales.

Los tres ex jefes policiales recibieron la pena en el 2009 tras ser hallados responsables de la muerte de algunas de las 19 personas que fallecieron en los sucesos del 11 de abril del 2002, que precedieron al breve golpe de Estado contra Chávez.

También fueron condenados a 30 años de prisión dos de los ex agentes y otros cuatro recibieron penas de entre 17 y 3 años de cárcel.

Aponte, quien cayó en desgracia a inicios de este año con el oficialismo, había declarado antes de trasladarse a EEUU que la justicia venezolana es manipulada como “una plastilina” por el gobierno de Chávez para perseguir a sus enemigos.

Según Aponte, Chávez es la máxima autoridad legal de Venezuela, al tiempo que su vicepresidente, Elías Jaua, administra la justicia en base a la conveniencia del régimen, en conclaves que realiza semanalmente en su despacho con funcionarios de alto perfil.