SAN JUAN -- El caso de un hombre declarado culpable del asesinato de su novia y pendiente del veredicto de un jurado que puede condenarle a muerte ha reavivado la polémica por la pena capital en Puerto Rico en medio de una ola delictiva sin precedentes.

La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte convocó para el jueves concentraciones ante el Tribunal Federal de San Juan en coincidencia con el inicio de la segunda fase del juicio contra Edison Burgos.

Burgos, de 42 años, fue encontrado culpable de asesinar en julio de 2005 a su novia Madelyn Semidey, confidente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), por temor a que le delatara por su implicación en un caso de narcotráfico.

Las fiscales federales Julie Mosley y Marcela Mateo comienzaron el jueves a presentar al jurado compuesto por 11 hombres y una mujer los agravantes del caso para que determinen si condenan a Burgos a muerte o a cadena perpetua.

El coordinador general de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, el abogado Edgardo Román, señaló que durante las semanas que dure el proceso habrá concentraciones ante el Tribunal Federal de San Juan del distrito de Hato Rey donde se lleva a cabo la fase de condena del juicio.

Román recordó que la Constitución puertorriqueña de 1952 prohíbe la pena capital, aunque en la isla conviven las leyes locales y las federales estadounidenses, y estas últimas prevalecen en caso de conflicto.

El abogado dijo que la organización a la que representa está contra la pena de muerte por estar probado que no sirve de disuasión donde se aplica, como es el caso de Estados Unidos.

“En Puerto Rico poca gente plantea la pena de muerte”, indicó Román, tras asegurar que a pesar de la ola delictiva que sufre la isla la mayoría de la población rechaza la pena capital, lo que atribuyó a razones de orden cultural.

Recordó que, incluso, el actual gobernador, Luis Fortuño, que aboga por la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, ha declarado públicamente su oposición a la pena de muerte.

“En caso de aplicarse en Puerto Rico, la pena de muerte se trataría de una burla a su pueblo”, sostuvo Román, pues queda claramente prohibida en la Constitución aprobada en 1952 por la ciudadanía.

Dijo que desde 1927 no se ejecuta a una persona en Puerto Rico y que se trata de una pena que atenta contra los derechos humanos, además de alejarse del sentir popular de la isla.

Las concentraciones están previstas para todos los días que dure el proceso y se espera que cada jornada acudan diferentes colectivos y asociaciones opuestas a la pena capital en Puerto Rico.

Burgos, ex propietario de la compañía Heavy Equipment, dedicada al transporte y construcción, arrastra un controvertido pasado debido a su implicación en varios casos en tribunales locales.

En el 2003 estuvo relacionado con un caso de tenencia de armas del que salió airoso, solo meses antes de ser acusado de agredir al comisionado de la Policía Municipal de Yauco, distrito del sur de Puerto Rico.

El proceso, que puede durar todavía entre dos semanas y un mes, llega en un momento en el que la población sufre las consecuencias de una ola delictiva relacionada con el narcotráfico de drogas que cada fin de semana le cuesta la vida a una media de 10 personas.

El año 2011 terminó con más de 1,000 asesinatos, la gran mayoría asociados a ajustes de cuentas entre bandas criminales que se disputan en las calles el control de los puntos de venta de droga.

El de Burgos es el cuarto caso en la isla, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1952, en que un puertorriqueño puede ser condenado a la pena capital, aunque en los tres anteriores los diferentes jurados rechazaron esa posibilidad.