Bogotá -- El sector colombiano de la defensa y la seguridad tendrá en el 2013 un presupuesto de más de $14,426.65 millones, con lo que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantiene la tendencia creciente de asignaciones para este frente pese a la esperanza de lograr la paz con las FARC.

La suma para este sector estratégico en Colombia representa poco más de la séptima parte del proyecto de presupuesto general de la nación para el año próximo, que totaliza 185.5 billones de pesos (unos $102,928.61 millones).

El de defensa y seguridad “es un presupuesto enorme”, sostuvo el jueves en Bogotá el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre quien pesa la responsabilidad de que el Congreso dé aprobación al plan gubernamental de ingresos y gastos para el año próximo.

El proyecto superó anoche el primer debate legislativo, en una sesión conjunta de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes que hizo evidentes vacíos como el de la falta de asignaciones para las infraestructuras de comunicación terrestre.

En una entrevista con la cadena Caracol Radio, el titular de Hacienda resaltó que el presupuesto de defensa y seguridad para el 2013, que suma 26 billones de pesos ($14,426.65 millones), supera al que este sector ejecuta este año, que es de 23 billones de pesos ($12,762.03 millones).

El ministro Cárdenas admitió que buena parte de los recursos asignados al sector tiene como destino el pago de la nómina de los casi 450,000 miembros de las fuerzas de seguridad, así como de sus pensionados.

Pero el ministro aclaró que “también hay un incremento muy importante en materia de inversión (…), con la adquisición de nuevos equipos, de nuevas tecnologías”.

El proyecto presentado al Legislativo incluye una partida de 2.91 billones de pesos ($1,614.67 millones) para inversión en defensa y seguridad, suma que supera en un 46.7 por ciento a la asignada para los mismos fines en el presupuesto del 2012.

Con las inversiones previstas, el Gobierno espera decomisar “aproximadamente el 60 por ciento de la producción potencial de cocaína”, fumigar 90,000 hectáreas de cocales e inmovilizar 150 aeronaves, 450 embarcaciones y tres submarinos.

Asimismo, financiar la incorporación de 3,000 nuevos soldados y avanzar en la desarticulación de estructuras o grupos armados ilegales, frente que incluye tanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), como a las bandas de neoparamilitares.

De manera explícita, el documento de presupuesto del sector indica que con las inversiones también se espera vigorizar “las capacidades disuasivas del país a través de la implementación de una estrategia de ciberdefensa y ciberseguridad, planes binacionales de seguridad fronteriza e implementación de estrategia de cooperación con países aliados”.

Con el monto de su asignación a defensa y seguridad, Colombia es el país de Latinoamérica que más dinero destina al gasto militar con respecto del producto interior bruto (PIB), y que del 2009 al 2012 ha oscilado entre el 3.7 por ciento y el 3.5 por ciento, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI), de Estocolmo.

Un costo al que deben añadirse las pérdidas que dejan los sabotajes rebeldes a las infraestructuras del país, entre ellas las del sector de energía, calculadas por la revista económica colombiana Dinero en más de 60,000 millones de pesos ($33,29 millones) al año.

Es una realidad de la que el Gobierno echa mano para explicar en parte las crecientes asignaciones para el sector y que, así se acabe mañana el conflicto interno, deben mantenerse por muchos años para evitar, como lo advierte esta misma publicación, situaciones críticas de seguridad como la vivida por El Salvador tras el acuerdo de paz de Chapultepec de 1992.

El ministro de Hacienda lo dijo así: “de manera que nosotros si para algo nos estamos preparando es para seguir combatiendo y asegurar la victoria”.

Todo pese a que el Gobierno de Santos y las FARC instalarán el mes próximo en Oslo una mesa de negociaciones de paz que luego trasladarán a La Habana, donde a finales de agosto pasado llegaron a un acuerdo para poner fin de manera negociada al conflicto interno, que lleva casi medio siglo.