MEXICO -- El gobierno de México defendió el jueves una solicitud que hizo ante Estados Unidos para que se otorgue inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo frente a una demanda civil relacionada con una matanza de 45 indígenas en el sureste mexicano en 1997.

La administración del presidente Felipe Calderón sugirió al Departamento de Estado estadounidense que otorgue la inmunidad a Zedillo ante la demanda presentada en una corte de Connecticut y en una nota diplomática enviada en noviembre del 2011 señaló que cualquier juicio contra el ex mandatario vulneraría la soberanía mexicana e incluso afectaría la relación bilateral.

Estados Unidos recogió la solicitud de México y envió un documento a la corte de Connecticut para señalar que Zedillo debe tener inmunidad. El tribunal aún debe tomar una decisión, que las autoridades mexicanas confían será favorable.

El consultor jurídico de la cancillería mexicana, Arturo Dager, dijo el jueves a The Associated Press que la decisión de pedir la protección para el ex presidente se basó en principios de derecho internacional, entre ellos el que se debe respetar la igualdad soberana de los Estados y la estabilidad en las relaciones entre países.

Dager aseguró que la petición a favor de Zedillo no significa que el gobierno no respalde la lucha contra la impunidad bajo la jurisdicción universal, pero dijo que su caso no tiene comparación con crímenes graves.

Señaló que la jurisdicción universal se refiere a casos penales y el del ex presidente se trató de una demanda civil.

“Son cosas diferentes”, dijo. “El gobierno de México a lo que acudió fue a la teoría de inmunidad soberana de los jefes de Estado que está reconocida por la Corte Internacional de Justicia”.

En la carta enviada el 4 de noviembre al Departamento de Estado, y conocida recién esta semana, el gobierno mexicano señaló que “el reconocimiento a la inmunidad de que gozan los funcionarios extranjeros por actos realizados en su capacidad oficial es un principio largamente arraigado en el derecho internacional consuetudinario, cuya aplicación ha sido confirmada en múltiples ocasiones por el gobierno estadounidense”.

Añadió que la inmunidad “acompaña a los jefes de Estado, aún después de haber terminado su encargo”.

Zedillo, quien gobernó de 1994 a 2000, fue demandado en septiembre del 2011 por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, una comunidad del estado mexicano sureño de Chiapas donde paramilitares asesinaron a los indígenas.

Aunque se sabía que México había solicitado inmunidad para Zedillo, no se conocían los argumentos.

Al hacerse pública la carta se generó una polémica interna sobre la decisión del gobierno de Calderón.

El ex canciller Jorge Castañeda dijo la víspera que le parecía que “fue el interés personal de Felipe Calderón el que se impuso sobre el interés de Estado y del derecho internacional”.

Dager consideró que no debería haber mayor polémica porque se trató “de una cuestión absolutamente de nuestro ejercicio de las relaciones exteriores y basada en principios de derecho internacional”.

El funcionario sostuvo que aunque aún falta que se pronuncie la corte en Connecticut, “prácticamente es un caso cerrado”.

Zedillo es actualmente profesor de estudios internacionales en la Universidad de Yale y ha rechazado las acusaciones presentadas por 10 demandantes cuyos nombres no han sido revelados.