En estos días, cuando la crisis económica devasta las sociedades del sur de Europa y los regionalismos/nacionalismos se soliviantan por doquier, es difícil sustraerse a la impresión de que España se resquebraja. La quiebra financiera y la institucional combinadas están generando una sinergia que confiere de nuevo a los separatistas la certidumbre de una complicidad con la historia.

Porque la dinámica centrífuga que aqueja a la Madre Patria dista mucho de ser nueva. La paulatina decadencia de los siglos XVII y XVIII culminó en la crisis dinástica de 1808 y la entronización de José Bonaparte, hechos que a su vez determinaron la insurrección popular en la Península y la posterior disolución del Imperio Español en América. Tras la restauración borbónica de 1814, España atravesó por seis decenios de revoluciones, pronunciamientos, guerras civiles y conjuras de tirios y troyanos, que la hundieron en el atraso y la pobreza. La tibia recuperación que el país experimentó a partir de 1875 no logró invertir del todo la tendencia a la desintegración.

En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano con miras a preparar la guerra que habría de independizar a Cuba, la Unión Catalanista publicó las Bases de Manresa, fundamento del catalanismo político, y Sabino Arana formuló los principios del nacionalismo vasco, que al año siguiente expondría en el Juramento de Larrázabal y la revista Bizkaitarra. La coincidencia de fechas apunta a que eran manifestaciones diversas de una misma corriente soterraña que estremecía al país.

La insurrección cubana de 1895 y la posterior intervención de Estados Unidos en el conflicto precipitaron la secesión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En cambio, las consecuencias de la Guerra Civil de 1936-1939 frenaron la dinámica independentista de Cataluña y el País Vasco, que sólo volvió a aflorar en versión autonómica a partir de 1975. Con el ingreso de España en la OTAN y la Comunidad Europea (1986) y el rápido desarrollo que el país experimentó hacia finales de siglo, pareció por un momento que la tendencia centrífuga se había debilitado y que se consolidaba un Estado nacional descentralizado, legitimado por el respaldo mayoritario a la Constitución, el prestigio de las instituciones y el éxito económico.

La paradoja es que la OTAN y la Unión Europea, que en su momento fueron horizontes de integración y marcos de estabilidad para acabar con la excepcionalidad española, hoy proporcionan involuntariamente la garantía de que es posible un “divorcio de terciopelo”, al estilo del que en 1992 protagonizaron Eslovaquia y la República Checa. Y en este asunto de poco valen las jaculatorias de Bruselas en favor de la unidad del Reino. Si una amplia mayoría de los ciudadanos residentes en Euzkadi o en Cataluña plebiscitan la independencia, tanto Madrid como Europa tendrían que aceptarla.

La recesión y la pésima gestión del anterior gobierno socialista han reforzado a las tendencias disgregadoras. La izquierda abertzale, próxima a ETA, está a punto de ganar las elecciones en el País Vasco. Varios ayuntamientos catalanes presionan en favor de la independencia. Mientras, la deuda y el déficit siguen indomables. Pese a las drásticas medidas que ha adoptado el ejecutivo actual, desde principios de año el desempleo se mantiene por encima de los 4 millones y medio de parados y el PIB no logra crecer.

La necesidad de aplicar medidas impopulares (recortes del presupuesto o reformas del mercado laboral) confiere más atractivo a las soluciones radicales. Los jóvenes se entusiasman con las nebulosas propuestas del movimiento 15-M, los sindicatos redescubren la agitación de corte leninista y el separatismo cobra nuevos bríos. A menos que ocurra un milagro, la España que conocemos podría dejar de existir muy pronto, para dar paso a una versión posmoderna de los reinos de taifa.

Escritor cubano residente en España.

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