Bogota -- Las FARC irán a la mesa de negociaciones con el Gobierno colombiano sin lograr un cese en las operaciones de las fuerzas de seguridad, que solo las levantarán una vez que las partes lleguen a un acuerdo final de paz.

“Aquí no cambia nada, porque les hemos dicho a estos señores (los rebeldes) que hay cese de operaciones una vez que lleguemos a un acuerdo final”, ratificó el viernes el presidente Juan Manuel Santos desde Popayán, la capital del conflictivo departamento del Cauca.

El gobernante mantuvo así su postura contraria a la exigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de llegar a este nuevo proceso de paz con la declaración previa de un alto el fuego bilateral.

Los insurgentes, que en el pasado no aceptaron suspender hostilidades con vistas a tentativas de paz, han considerado conveniente que esta vez se llegue a la mesa con el previo silenciamiento mutuo de las armas.

Algo no compartido por Santos, a pesar de algunos llamamientos en favor de un alto el fuego, sobre todo desde las regiones más afectadas por la confrontación, y también del objetivo final.

“Nos conviene a todos (…) llegar a ese acuerdo final”, reconoció Santos, quien previamente había descartado una representación regional en el diálogo en ciernes, como antes lo había hecho con la participación de sectores como el de las víctimas.

Cada vez más optimista sobre la posibilidad de paz, Santos aclaró que “no se trata de parcelar el proceso de búsqueda del fin del conflicto”, sino de tratar de finalizarlo “de una vez por todas”.

Un mensaje con la instrucción implícita al equipo gubernamental que llegará a la mesa, de que un acuerdo de paz con las FARC deberá estar listo en meses, no en años.

Santos lo ha advertido desde comienzos de septiembre, cuando reveló que el Ejecutivo había alcanzado con los rebeldes un consenso en La Habana para poner fin al conflicto interno.

Las partes lo firmaron el pasado 26 de agosto tras unas “conversaciones exploratorias” de seis meses, siempre en la capital cubana, que será la sede permanente de la mesa de negociaciones.

Por el Gobierno, la misión quedó en manos de un equipo encabezado por el ex vicepresidente Humberto de la Calle (1994-1996).

De la Calle estará con los generales en retiro Jorge Enrique Mora, del Ejército, y Óscar Naranjo, de la Policía, así como al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Luis Carlos Villegas; el asesor en seguridad nacional Sergio Jaramillo, y el exministro y ex comisionado de paz Frank Pearl.

Las FARC la delegaron en un grupo que completaron el jueves en Cuba, país garante de este proceso junto a Noruega, con Venezuela y Chile como acompañantes.

El segundo al mando en las FARC, “Iván Márquez”, lidera el equipo rebelde, conformado además por “Rodrigo Granda”, “Marco León Calarcá”, “Andrés París” y “Simón Trinidad”, que purga en Estados Unidos sesenta años de prisión por secuestro.

Una nómina que el viernes recibió nuevas críticas del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), antiguo correligionario de Santos que no comparte que su sucesor haya asumido este proceso de paz.

Uribe rechazó en una entrevista con la emisora Blu Radio la presencia de oficiales retirados entre los negociadores por el Ejecutivo, así como que el diálogo se emprenda sin un previo “cese de actividades criminales” por parte de los insurgentes.

Tampoco acepta que los delegados rebeldes sean personas que, sostuvo, tienen pendientes “500 condenas” e, incluso, requerimientos externos por narcotráfico o secuestro, en Estados Unidos y Paraguay.

Es “gravísimo”, apuntó Uribe, que mencionó el caso de “Granda”, el “Canciller” de las FARC, capturado por orden suya en Caracas en diciembre del 2004, cuando asistía allí a un acto político que, según él, contaba con la “permisividad” y el “patrocinio” del presidente venezolano, Hugo Chávez.

El insurgente fue excarcelado a mediados de 2007, por orden de Uribe, ante una solicitud del entonces gobernante francés, Nicolás Sarkozy, para facilitar la entrega de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también nacional gala y por la época rehén de las FARC.

Betancourt estaba en un grupo de políticos y uniformados retenidos con fines de canje por rebeldes presos, y fue rescatada en a mediados del 2008 junto a tres estadounidenses y 11 militares y policías colombianos.