Según los primeros sondeos, la popularidad del presidente Juan Manuel Santos ha subido tras el anuncio del inicio de las conversaciones de paz con las narcoguerrillas de las FARC.

Es natural que así sea. Los colombianos, después de cuarenta y siete años de horrores, desean el fin del conflicto y confían en el talento y la notable astucia de Santos para ganar la partida, pero desconfían de las intenciones de Timochenko. (Claro, cuando Andrés Pastrana, hace unos años, dio inicio a un proceso parecido, ocurrió lo mismo: tuvo sus cinco minutos de gloria).

¿Fracasará esta iniciativa como sucedió durante el periodo de Pastrana? Puede ser, pero hay diferencias y similitudes. La mayor diferencia es que no habrá una zona de despeje ni se frenarán las operaciones militares. Las narcoguerrillas, mientras negocian, continuarán asesinando, secuestrando y traficando con drogas, y las Fuerzas Armadas no cejarán en combatir a sangre y fuego a su viejo enemigo.

Teóricamente, al tiempo que Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timochenko, el jefe de las FARC, un tipo duro de 52 años, habla de paz en Oslo o en La Habana, de acuerdo con las reglas del enfrentamiento, puede estar intentando matar a Juan Manuel Santos y a su familia.

Por su parte, el presidente de los colombianos, simultáneamente, está en libertad de darle el visto bueno a sus hábiles pilotos para que pulvericen a Timochenko, como hicieron con Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. ¡Aquí no se rinde nadie, merde!

Si ésa es la gran diferencia entre los dos intentos, las similitudes se mantienen intactas: Santos es el presidente de una nación exquisitamente legalista y tiene que actuar dentro de los márgenes que la ley le confiere. Por mucho que se esfuerce el parlamento, no puede conceder impunidad para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las FARC o como fue el caso de las bandas paramilitares.

Uno de esos crímenes –imprescriptible y sujeto a la persecución internacional de acuerdo con la normativa legal suscrita por Colombia– es el tráfico internacional de cocaína, sustento económico básico de las FARC.

Precisamente, se le atribuye a Timochenko haber reorganizado la producción y distribución de cocaína con destino a Estados Unidos, lo que explica que el gobierno norteamericano haya ofrecido cinco millones de dólares por informaciones que conduzcan a la captura de este criminal.

Difícilmente una administración estadounidense, republicana o demócrata, aceptaría no perseguir a un delincuente que le ha hecho mucho daño a su país. Tampoco se entendería que, llegado el caso, Bogotá no lo entregue a la justicia norteamericana para ser juzgado.

Otro elemento clave que permanece inalterable es la cosmovisión de las FARC. Este grupo de narcoguerrilleros es el brazo armado del Partido Comunista colombiano.

Aunque sus cabecillas pidan supuestas reformas agrarias o el aumento del salario mínimo de los campesinos, ésas son sólo cortinas de humo para ocultar que se trata de un grupo decidido a tomar el poder, convencido de las bondades del colectivismo, del partido único y de la conveniencia de controlar a la sociedad con mano férrea, por medio de calabozos y paredones, como sucede en Cuba y en Corea del Norte, y como ocurría en la URSS y en sus satélites, hoy afortunadamente liberados.