¡Osama bin Laden está muerto. General Motors está viva!

Vicepresidente Joe Biden

Dos semanas después de las convenciones partidarias y después que los comentaristas han hecho sus análisis, es hora de terminar el tema y entrar en la recta final de las campañas. Es apropiado reconocer que ambos partidos han aprendido las técnicas de presentar un espectáculo de televisión cuyo éxito es requisito indispensable para la recta final de las campañas. Y, para su crédito, ambos lados demostraron que han aprendido a hacerlo aunque sabemos que nada es perfecto.

Los republicanos hubieran preferido que el gobernador de New Jersey, Chris Christie, no se usara a sí mismo como el eje central de su discurso, pero Christie demostró que su egomanía es más poderosa de lo que su partido pensaba. El lado demócrata tuvo otros problemas más serios. La exclusión de Dios de su plataforma política y de Jerusalén como capital de Israel resultó en un incidente desagradable que terminó con un espectáculo embarazoso para el chairman de la convención, el alcalde Antonio Villaraigosa, de Los Angeles, cuando tuvo que presentar las enmiendas a la plataforma y tomar un voto a voz de la audiencia ( me recordó a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución “tomando el voto” de la concurrencia, el cual siempre ganó). Villaraigosa tuvo que hacerlo tres veces y, de forma curiosa, concluyó que dos tercios de los votantes habían aprobado aun cuando, claramente, el “No” fue tan fuerte o más que el “Sí”.

Pero, para este columnista, lo más notable de la convención demócrata fue el afán, encabezado por el vicepresidente Joe Biden, de usar como estandarte el bailout o subsidio a General Motors.

El Troubled Assets Relief Program (TARP) fue creado para preservar liquidez en los mercados financieros evitando el colapso de instituciones financieras claves que habían hecho decisiones catastróficas en bienes raíces. Esto nada tenía que ver con automóviles. El brazo financiero de General Motors, que hoy se llama Ally Financial, tenía problemas. Pero el problema fundamental de General Motors es que sus productos no producían ganancias suficientes para sostener sus costos de mano de obra. ¿La razón básica? Los contratos de extorsión de GM con el sindicato automotriz, United Auto Workers o UAW, que impedían reducir la fuerza de trabajo o aumentar la eficiencia de la producción.

Los admiradores del bailout de GM deben recordarse que fue la Administración Bush quien primero decidió intervenir en el problema, ofreciendo un préstamo temporal con la condición que GM presentara un plan de operaciones drásticamente revisado. La contribución de la Administración Obama fue nacionalizar General Motors violando el proceso normal de bancarrota y los precedentes legales para proteger el elemento defectuoso básico en GM: los intereses financieros de UAW.

La posición de Mitt Romney de seguir el proceso de bancarrota establecido también requería una intervención federal pero con una diferencia clave: los contratos laborales con UAW tendrían que ser renegociados y las oficinas ejecutivas habrían sido saneadas, poniendo a la compañía en posición para innovación y autosuficiencia en lugar de un suero gubernamental permanente.