Nueva York -- El gobierno de Barack Obama reclamó este lunes a una corte de apelaciones de Estados Unidos que una controvertida ley antiterrorista, bloqueada parcialmente por una jueza federal, se pueda seguir aplicando para evitar “daños irreparables a la seguridad nacional”.

En un recurso presentado el lunes ante una corte de Nueva York, el Departamento de Justicia solicitó el “levantamiento inmediato” del bloqueo de parte de esta ley que autoriza la detención por tiempo indeterminado de ciudadanos estadounidenses acusados de respaldar a organizaciones terroristas.

“El tribunal federal rechazó por inconstitucional un acto debidamente votado por el Congreso”, puede leerse en el recurso gubernamental, del cual la AFP obtuvo una copia.

La ley de defensa nacional, promulgada a fines de 2011 por Obama, 10 años después de los atentados del 11 de septiembre, reafirma “la autoridad del presidente en materia de detenciones” en el marco de la ley sobre el recurso a las Fuerzas Armadas, una “pieza legislativa central” para las operaciones militares en curso contra Al-Qaida, los talibanes y sus filiales, dice el gobierno.

Al bloquear esta disposición, el fallo del tribunal “amenaza la seguridad nacional y el interés público con perjuicios irremediables, agregando obstáculos suplementarios y una peligrosa confusión en la conducción de operaciones militares en el extranjero durante un conflicto armado activo”, apuntan las autoridades.

El gobierno sostiene que la decisión debe ser suspendida, en función, entre otros motivos, de que “se supone que todos los actos del Congreso son constitucionales”.

La jueza Katherine Forrest bloqueó el miércoles último “de manera permanente” la aplicación de esta última parte de la ley –tras haberla suspendido en marzo pasado– y llamó al Congreso a reexaminarla.

La magistrada dio la razón a los periodistas y organizaciones humanitarias que recurrieron la ley por entender que el texto era vago y podía vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y otros profesionales protegida por la primera enmienda de la Constitución.

El gobierno asegura que los demandantes “no corren riesgo alguno de ser detenidos por el ejército estadounidense”.

Christopher Hedges, periodista del New York Times y premio Pulitzer, que figura entre los demandantes, estimó que la disposición bloqueada por la justicia “recuerda al credo totalitario de guerra ilimitada contra los enemigos internos y externos”.