Brasilia -- El juez instructor del llamado “juicio del siglo” en Brasil, Joaquim Barbosa, concluyó el lunes que entre el 2003 y el 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, hubo diputados que fueron sobornados para plegarse a la base oficialista.

Barbosa hizo un detallado relato del dinero que supuestamente fue entregado en efectivo a diputados de otras cuatro formaciones por el Partido de los Trabajadores (PT), que había llevado a Lula al poder en las elecciones del 2002 y cuyos principales tres dirigentes de la época están entre los 37 acusados por el caso.

Apoyado en documentos presentados por la acusación, Barbosa dijo que “no hay dudas de la compra de votos” y que el dinero, en algunas ocasiones, sumó “miles de reales y en otras millones” y se entregaba “antes, durante o después” de que se votarán proyectos de interés del Gobierno de Lula en la Cámara de Diputados.

Entre esos casos, el juez del Tribunal Supremo citó una polémica reforma tributaria aprobada en septiembre de 2003 y una iniciativa similar que introdujo cambios en el régimen de jubilaciones y fue votada ese mismo año.

“Hay harta documentación y no hay dudas de la existencia de un esquema de compra de votos”, dijo Barbosa en el inicio de una fase del proceso referida a cargos de corrupción pasiva y activa, lavado de dinero y asociación ilícita.

Por esos delitos están acusados tres dirigentes del PT, uno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tres del Partido Progresista (PP), tres del Partido Laborista Brasileño (PTB) y cuatro del actual Partido de la República (PR), nacido en el 2006 tras la extinción del Partido Liberal (PL), implicado en la trama.

Según Barbosa, los beneficiados de las formaciones ajenas al PT eran los “jefes de las bancadas (parlamentarias) o presidentes de partidos”, que influían sobre los votos proferidos en el Congreso.

Toda la trama fue denunciada en el 2005 por el entonces diputado y presidente del PTB Roberto Jefferson, incluido entre los 37 acusados y a quien el PT acusa de haber “inventado” todo el asunto por causa de una “venganza” política.

“A pesar de que las defensas intentan demostrar que los sobornos fueron una invención, las acusaciones están muy lejos de la mera venganza política”, indicó el juez instructor, quien apuntó que “no sería la primera vez que un crimen se denuncia por discordias entre sus autores”.

Barbosa dijo que, según confesó el extesorero del PT Delubio Soares, los dirigentes de los otros cuatro partidos recibieron un total de 55 millones de reales (hoy 27,5 millones de dólares).

Citó que, en sus declaraciones, Soares alegó que esas sumas se destinaban a cubrir gastos de campañas y no a “comprar” apoyos, lo cual reduciría el asunto a faltas electorales ya prescritas.

Sin embargo, el magistrado destacó en particular el apoyo logrado por el PT del PP, una formación de derechas que “siempre estuvo en las antípodas” ideológicas del partido de Lula y no integraba la base oficialista cuando el exsindicalista asumió el poder.

El reo más relevante en esta fase del proceso es el exministro José Dirceu, “escudero” de Lula durante décadas, quien está acusado de haber sido el “ideólogo” y “jefe” de toda la trama, en la que participaron empresas de publicidad, bancos privados y organismos públicos, como el estatal Banco do Brasil.