CERRITOS -- El hombre detrás de la película antimusulmana que desató la violencia en el Medio Oriente probablemente sería condenado a una pena de cárcel en su nativo Egipto por producirla, pero en Estados Unidos el gobierno está en la espinosa obligación de defender su derecho a la libre expresión y garantizar su seguridad, a pesar de que condena abiertamente su mensaje.

Es una paradoja que no tiene mucho sentido para quienes protestan y piden sangre. Para ellos, el diálogo de la película que denigra al profeta Mahoma es toda la evidencia necesaria para buscar justicia por mano propia contra Nakoula Bassely Nakoula, un ciudadano estadounidense de origen egipcio.

En Estados Unidos, no hay nada ilegal en hacer una película que desacredite a una figura religiosa. Eso tiene al gobierno de Barack Obama tratando de hacer equilibrio en una delgada cuerda diplomática cuando faltan menos de dos meses de las elecciones, pues debe resolver cómo expresar su indignación por la manera en que la película trata el islam, sin comprometer la más básica de las libertades estadounidenses.

“Lo que hace esto especialmente difícil para Estados Unidos es que… tratamos lo que la mayoría de nosotros consideraría un discurso de intolerancia como un discurso protegido por la Constitución y los estadounidenses no aprecian, creo, lo inusual que esta posición parece en el resto del mundo”, dijo Lawrence Rosenthal, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chapman en Orange, California.

La situación también plantea preguntas inquietantes acerca de hasta qué punto el gobierno puede y debe proteger a alguien que ejerza su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. En el pasado, por ejemplo, la Policía montó guardia para garantizar que grupos nazis y el Ku Klux Klan pudieran marchar sin ser atacados por sus puntos de vista.

Sin embargo, el caso de Nakoula invita al escrutinio debido a que la libertad de expresión que ejerce con la película Innocence of Muslims ha tenido consecuencias tan profundas y violentas.

Si el gobierno protege abiertamente a Nakoula, podría ser visto por algunos como una aprobación tácita de la película, y provocar más protestas. Dejarlo a su suerte, por otra parte, podría tener consecuencias mortales. Hay ejemplos de violencia contra otros que han escrito o hablado contra Mahoma.

Hasta ahora, el gobierno ha reconocido que le ofreció una asistencia muy limitada. Ayudantes del jefe policial del condado de Los Angeles escoltaron a Nakoula a un interrogatorio con funcionarios federales de libertad condicional. Lo hicieron en medio de la noche y permitieron a Nakoula cubrir su rostro. Y la madrugada del lunes, los ayudantes respondieron a la solicitud de su familia en busca de asistencia para salir de la casa donde habían estado escondidos por cinco días para poder reunirse con el cineasta de 55 años. Todos permanecen escondidos.

El portavoz del departamento Steve Whitmore enfatizó que la agencia no está proporcionando protección. Remitió las preguntas a las autoridades federales, que se han negado a hacer declaraciones.

Jody Armour, una profesora de la Facultad Gould de Leyes de la Universidad del Sur de California dijo: “No es en absoluto inusual que el gobierno intervenga y le dé a un ciudadano en peligro protección especial, pero no puede ser ilimitada. Ellos van a tener que encontrar un equilibrio”.