El juicio contra la mexicana Sandra Avila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, quedó postergado para febrero del próximo año tal como solicitó la defensa de la acusada la semana pasada, según una orden del juez emitida el miércoles en la corte federal de Miami.

En una audiencia el 14 de septiembre ante la jueza Alicia Otazo Reyes, Avila Beltrán se declaró inocente de los cargos de asociación ilícita para importar cocaína y asociación ilícita para distribuir cocaína en Estados Unidos.

En esa misma comparecencia, la jueza fijó el inicio del juicio para el próximo lunes 24 de septiembre, por lo que el abogado de la acusada, Stephen Ralls, pidió una postergación para preparar mejor el caso.

“Este asunto ha sido reprogramado para iniciar el juicio el 24 de febrero del 2013”, indica la orden suscrita por el juez Michael Moore.

Avila Beltrán, de 51 años de edad, quien fuera una figura prominente del cartel de Sinaloa, está acusada de conspirar para importar a Estados Unidos cocaína entre 1999 y el 2004 y de intentar distribuir cocaína durante el mismo periodo.

El pasado 14 de agosto, menos de una semana después de ser extraditada desde México, la acusada compareció con uniforme de presa y esposada en una audiencia de 20 minutos ante el juez de la Corte Federal de Miami, Patrick White, quien negó el pedido de libertad condicional que buscaba su abogado, porque aunque no la considera un peligro para la sociedad, dijo que sí existe riesgo de fuga del país.

La “Reina del Pacífico” cobró fama cuando al ser detenida en septiembre del 2007 posó con una retadora sonrisa frente a las cámaras, inspirando libros que develaron algunos detalles de la cultura “narco”.

En enero, los abogados de Avila consiguieron un amparo para que no fuera extraditada a Estados Unidos, por considerar que los delitos por los que era requerida ya habían sido objeto de un proceso judicial en México.

El tratado entre México y Estados Unidos establece que no se puede conceder la extradición si ya hubo sentencia en el otro país sobre los delitos por los que es requerida la persona.