PHOENIX -- Los inmigrantes irregulares en Arizona deben responder únicamente las preguntas más básicas cuando sean parados por la policía, dijeron activistas al poner en marcha una campaña educativa ante la inminente aplicación del artículo más controversial de la cuestionada ley de inmigración en ese estado fronterizo con México.

Natally Cruz y Leticia Ramírez, ambas de ascendencia mexicana, instruyen a los inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos, como ellas, para que sólo le comuniquen a la Policía su nombre y fecha de nacimiento, y para que no carguen documentos que muestren donde nacieron.

La jueza federal de distrito Susan Bolton resolvió el martes que la Policía puede aplicar de inmediato la disposición llamada “muéstreme sus papeles”. Ese artículo permite a los agentes, al aplicar otras leyes, preguntar la calidad inmigratoria de las personas que sospechen están irregularmente en el país.

Ramírez y Cruz tenían la esperanza de que la disposición fuera bloqueada, pero al mismo tiempo se alistaban para comunicar a los inmigrantes irregulares que debían defender respetuosamente su posición ante la Policía.

“Queremos enseñarle a la comunidad cómo defenderse, cómo responderle a la Policía, cómo estar preparada y tener confianza en que va a recibir ayuda”, dijo Ramírez.

La decisión de Bolton es el último paso en un conflicto jurídico que empezó hace dos años sobre ese artículo. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio que la medida no entraba en conflicto con la ley federal. Los críticos de la legislación respondieron pidiéndole a Bolton que bloqueara la disposición por diferentes motivos. Consideraron que su aplicación conllevaría una sistemática etiquetación racial y una serie de largas detenciones de latinos sin motivo justificado. Bolton determinó a principios de mes que no bloquearía la medida.

Una coalición de grupos defensores de los derechos civiles espera un fallo de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Distrito, en su nuevo esfuerzo por impedir la vigencia del artículo.

Mientras, las autoridades federales le suspendieron a un comisario de Carolina del Norte el acceso a una base federal de datos que permite determinar si las personas detenidas están irregularmente en el país.

La decisión se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró, en una investigación de dos años, que el jefe policial del condado de Alamance, Terry Johnson, incurrió ilegalmente en el encasillamiento y detención de hispanos sin causa justificada para aumentar las deportaciones. Johnson fue un gran promotor del programa federal que capacitó a agentes locales en la verificación de la situación migratoria de personas arrestadas.

Un vocero del federal Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que el contrato del programa 287(g) con el condado de Alamance fue rescindido en una medida con vigencia inmediata. El convenio, de dos años, expiraba en octubre.

Por otra parte, se esperaba que una larga lucha de un suburbio de Dallas para prohibir que los inmigrantes indocumentados en el país renten viviendas tendría el miércoles la que tal vez sea su audiencia más importante ante un grupo de jueces conservadores en su mayoría y con el poder de influir en el debate nacional sobre la inmigración.

La población de Farmers Branch fue demandada hace cuatro años después de que aprobó una ordenanza en la que permitía que el inspector municipal de edificios desahuciara a cualquier inquilino no autorizado a vivir en Estados Unidos. Ahora el caso pasará ante todos los miembros de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, formada por 10 jueces nombrados por presidentes republicanos y sólo cinco elegidos por demócratas.